Lima, 28 de octubre de 2026.- La coordinación interinstitucional es un factor fundamental en la trazabilidad de los flujos financieros ilícitos provenientes de la extorsión, delito que actualmente viene afectando a la ciudadanía y al desarrollo económico, coincidieron en señalar los expertos en la segunda jornada de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2026 (SPLA 2026), organizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
“La respuesta del Estado requiere información de mayor calidad, canales seguros de denuncia, una coordinación institucional más estrecha y el fortalecimiento de la investigación de los flujos financieros vinculados con este delito”, manifestó Robert Rivera Vidal, coordinador del Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante su exposición “Panorama del delito de extorsión en el Perú”.
En el marco del panel “Trazabilidad de los flujos financieros ilícitos provenientes de la extorsión”, Diego Ulloa, analista principal de Inteligencia Operativa de la UIF-Perú, destacó que el rastreo financiero de la extorsión exige coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la UIF-Perú. “Las investigaciones conjuntas permiten compartir información financiera, aplicar el congelamiento de fondos e identificar a operadores, beneficiarios y líderes criminales”, comentó.
Por su parte, el mayor PNP John Yumpo Vargas también se refirió a las alianzas estratégicas y manifestó que el trabajo conjunto de la Policía Nacional y la UIF-Perú permite presentar una evidencia sólida para que el Ministerio Público actúe en el marco del proceso penal.
Fanny Quispe Farfán, fiscal superior titular especializada contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, enfatizó en la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y buscar mecanismos para promover que los afectados por este delito presenten su denuncia. Asimismo, señaló la importancia de establecer mecanismos de reparación que permitan restituir a las víctimas el dinero entregado a las organizaciones criminales a causa de las extorsiones.
Incremento
La extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad del país tras la pandemia de la COVID-19. Este delito se ha incrementado significativamente en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas urbanas de la costa, con graves repercusiones en la economía peruana y en la sociedad, según señaló Robert Rivera.
En 2019 se registraron 5,188 denuncias por extorsión; para 2023, la cifra había aumentado en 500 %. Por regiones, de estar concentrado en la costa norte (La Libertad, Piura y Tumbes), este delito se ha expandido a Lima regiones, Lima Metropolitana y el Callao.
También comentó que la extorsión es un delito difícil de prevenir, investigar y sancionar debido, entre otros factores, al uso de la tecnología. Los mensajes enviados por WhatsApp y las llamadas telefónicas dificultan la identificación del autor de las amenazas durante el proceso de investigación.
En relación con las modalidades, la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVISE) de la DIRINCRI PNP reporta que el “cobro de cupos” y el “escopetazo” registran la mayor notoriedad, afectando principalmente a transportistas, bodegueros, mototaxistas y comerciantes de mercados.