La crisis sanitaria global por la pandemia del Covid-19 no solo tuvo un impacto en la salud de la población, sino que generó una contracción importante en la actividad económica: en el sector real, menor producción y mayor desempleo; y en los mercados financieros local y global, menor rentabilidad de los activos financieros.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el impacto sobre el mercado laboral que ocasionó la pandemia ha sido mucho mayor que la crisis financiera global del año 2008. En consecuencia, los sistemas de pensiones en general ya sean de beneficio definido[1] como de aporte definido[2], fueron duramente afectados; y, a escala global, el impacto se resume en los factores que a continuación se indican[3]:
- Disminución del valor de los activos en las cuentas de ahorro para la jubilación debido a la caída de los mercados financieros.
- Aumento de los pasivos derivados de la caída de las tasas de interés en las reservas para planes de jubilación beneficio definido y renta vitalicia.
- Menor capacidad de los trabajadores -por menor salario o pérdida de empleo- para aportar a los planes de ahorro para su jubilación; y, por parte de los empleadores, que enfrentaron dificultades financieras.
- Interrupciones operativas como resultado del trabajo remoto.
- Ciberataques, fraudes y/o estafas durante el período de trabajo remoto.
- Reducción del ahorro y de los intereses compuestos devengados como resultado de medidas destinadas a proporcionar un alivio a corto plazo, lo que puede tener un gran impacto negativo a largo plazo, especialmente en la adecuación de los ingresos de jubilación: vacaciones de cotización y acceso anticipado al ahorro para la jubilación[4].
Las respuestas ante estos problemas han sido variadas, desde evitar que se materialice la reducción de valor de los fondos permitiendo cambios de fondos o retiros, subsidiando las contribuciones, mejorando los procesos operativos y reforzando la protección frente a la ciberdelincuencia; hasta proveer alivio de corto plazo autorizando el acceso a los fondos jubilatorios, lo que implica severos riesgos de largo plazo.
En el Cuadro N°1 se detallan las medidas adoptadas por algunos países para hacer frente a la crisis generada por la pandemia del Covid-19, debiendo tenerse en cuenta en su implementación, el tipo de sistema previsional que opera en cada país.
Cuadro N°1
Respuestas de los países ante el impacto del Covid-19ª/
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Medida aplicada
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Países
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Limitar la materialización de las pérdidas de inversión (cambio de fondo y retiros)
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Australia, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Alemania, Hungría, Letonia, México, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Estados Unidos
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Asegurar la solvencia de los planes de pensiones y de los gestores
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Canadá, Finlandia, Alemania, Reino Unido, mayoría de los países europeos
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Subsidios a las contribuciones
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Islandia, Holanda, Nueva Zelanda, Macedonia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Reino Unido
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Superar las disrupciones operativas: procedimientos online
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Mayoría de los países.
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Protección de los fraudes, engaños y ataques cibernéticos: avisos y consejos de seguridad
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Australia, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Gibraltar, Mauritania.
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Provisión de alivio económico en el corto plazo con grandes costes potenciales en el largo plazo: acceso temprano a los fondos jubilatorios.
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Australia, Canadá, Chile, Colombia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, México, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Estados Unidos.
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ta:a/ Entre los países que tienen un sistema de reparto se encuentran: Canadá, Alemania, Hungría, Nueva Zelanda, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia, Mauritania y Grecia; mientras que Polonia cuenta con un sistema de cuentas nocionales. Chile, México y Nueva Zelanda, cuentan con sistemas de capitalización individual. Los países con sistemas multipilares son: Australia, Bulgaria, Latvia, Rumanía, Islandia, Holanda, Macedonia, Eslovaquia, Suecia (primer pilar cuentas nocionales), Suiza, Francia, Dinamarca, Estonia, Gibraltar. Por último, Colombia cuenta con un sistema de reparto y capitalización individual. Fuente: Adaptado de OCDE (2020), pág. 28.
En el caso de Perú, la política pública, en cuanto a los sistemas de pensiones, tuvo dos elementos importantes, particularmente en el esquema de contribución definida, que es el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP):
a) Se exoneró del pago de aportes en el mes de marzo de 2020[5]; y
b) Se permitió el acceso anticipado a los fondos jubilatorios mediante cinco retiros[6].
Tal como lo advierten los organismos internacionales, una de las consecuencias inmediatas de la liberación o acceso anticipado del fondo de pensiones es el incremento de la desprotección cuando concluya su ciclo o vida laboral. Existen afiliados que no registran saldo en sus cuentas individuales de capitalización (CIC) -saldo cero-, lo que incrementa su riesgo de caer en situación de pobreza en la vejez. Cabe precisar que, justamente, el objetivo primordial de todo sistema de pensiones es mitigar el riesgo de caer en pobreza en la etapa de la vejez, hecho que se hace más grave en circunstancias en que uno de los grandes problemas del sistema de pensiones peruano es su baja cobertura, así como la exigencia y expectativa por alcanzar mejores pensiones[7].
De esta manera, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en cumplimiento de su mandato de seguridad y adecuado desempeño del SPP y con la finalidad de contribuir en su desarrollo y fortalecimiento, ha considerado importante evaluar el impacto del acceso anticipado a los fondos de pensiones, a partir de las normas que autorizaron los retiros tempranos y extraordinarios entre los años 2020 y 2021, para atender las necesidades de los afiliados ocasionadas por la pandemia; así como las principales consecuencias e implicancias en sus futuras pensiones.
Puede acceder al documento ingresando a: Avances en regulación y supervisión
[1] Bajo el mecanismo o plan de beneficio definido, los trabajadores actuales realizan aportes en función de sus ingresos. Estas contribuciones se utilizan para pagar las pensiones de los beneficiarios actuales. La pensión recibida se calcula según unos parámetros conocidos basados generalmente en un porcentaje de los ingresos, y años de cotización. El nivel de la pensión que se entrega está predeterminado.
[2] En el mecanismo o plan de contribución definida, se aporta un porcentaje de los salarios que se acumulan en una cuenta personal. La pensión final es determinada a partir del monto en la cuenta individual al momento de la jubilación, que incluye tanto las contribuciones como las ganancias de inversión de dichas contribuciones.
[5] Decreto de Urgencia N°033-2020, que estableció la suspensión temporal y excepcional del aporte obligatorio y de la comisión sobre la remuneración, correspondiente al mes de abril de 2020.
[6] Las normas emitidas fueron las siguientes: i) Decreto de Urgencia N°34-2020 y Decreto de Urgencia N°38-2020, que autorizaron el retiro de hasta S/ 2 000 de la cuenta individual de capitalización (CIC); ii) Ley N°31017, que autorizó el retiro de hasta 25% de la CIC con un retiro mínimo de una (1) UIT y máximo de tres (3) UIT; iii) Ley N°31068, que estableció el acceso de hasta cuatro (4) UIT de la CIC, bajo criterio de desempleo; y iv) Ley N°31192 que permitió retirar hasta cuatro (4) UIT de la CIC.
[7] Si bien no es parte del marco de análisis, es importante anotar que, como antecedente, la Ley N°30478 permitió el retiro de hasta el 25% de la CIC para la compra o pago de la hipoteca de primera vivienda; siendo esta la primera experiencia de retiro anticipado por parte de afiliados activos.