El 2020 pasará a la historia como el año de la mayor crisis -política, económica y sanitaria- que haya enfrentado el Perú y el mundo debido a la pandemia del COVID-19. Ha sido -y sigue siendo- una crisis completamente diferente, inédita y sin precedentes. Con la finalidad de contener la propagación del virus, casi todos los gobiernos del mundo -algunos antes, otros después- se vieron en la necesidad de implementar severas medidas de aislamiento social que implicaron la paralización de casi toda la economía. Y, el Perú no fue la excepción.
Esta paralización ocasionó pérdidas económicas a las empresas y una fuerte caída en los ingresos de las personas, afectando seriamente su capacidad de cumplir con sus obligaciones en el sistema financiero. Ante esta situación, las autoridades gubernamentales y los reguladores financieros tuvieron que tomar decisiones oportunas para abordar los desafíos a corto plazo, sin perder de vista sus objetivos a largo plazo.
En el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que se publica hoy en su portal web (www.sbs.gob.pe), presentamos un análisis de las medidas que el Gobierno y sus diversas instituciones implementaron desde el primer día de la declaración del estado de emergencia nacional, el pasado 15 de marzo.
En un esfuerzo coordinado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aplicaron políticas macroprudenciales que tuvieron como como objetivo salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. La liberación de los colchones de liquidez y capital cíclico, junto a la flexibilización de los requerimientos de provisiones y capital para los créditos reprogramados y los programas lanzados por el Gobierno (Reactiva Perú y los Fondos de Apoyo Empresarial a la micro y pequeña empresa, agro y turismo y el Programa de Garantías COVID-19), así como la flexibilización del encaje, fueron medidas dirigidas a fortalecer la liquidez y solvencia del sistema financiero en su conjunto ante el choque provocado por la pandemia y prevenir que se agudice la crisis económica que atraviesa el país.
Por su parte, la SBS implementó políticas microprudenciales que buscaron cautelar la estabilidad, solvencia y el funcionamiento de las entidades financieras; así como apoyar a los agentes económicos durante el estado de emergencia nacional. Entre ellas destacaron las facilidades regulatorias para la reprogramación de créditos de los deudores del sistema financiero. Y, se sumaron medidas orientadas a facilitar la oferta y el uso de servicios financieros, como mecanismo de acceso de las personas beneficiarias a los fondos que viene otorgando el Gobierno, a fin de mitigar los efectos ocasionados sobre la generación de ingresos de dichas personas.
Ante esta situación, el sistema financiero se ha mantenido resistente ante el choque adverso provocado por la pandemia y a pesar de la incertidumbre sobre la trayectoria de recuperación económica. El ratio de capital promedio del sistema financiero se situó en 15.7% a octubre de 2020, muy por encima del requerimiento mínimo legal de 10%. Los colchones de provisiones y de capital, así como la mayor capitalización de utilidades por parte de las entidades financieras, fueron los principales factores para mantener la solvencia del sistema financiero frente a la crisis que el país atraviesa. Dicha solvencia es un factor clave, sobre todo en un contexto altamente incierto, en el que persiste incertidumbre sobre el impacto final de la crisis, la trayectoria de la recuperación económica, y la evolución de la pandemia.
Pese a que los diferentes segmentos crediticios se han visto afectados por la crisis sanitaria, en particular el de créditos a la micro y pequeña empresa (MYPE), los mismos vienen mostrando señales de gradual recuperación con relación a los primeros meses de la pandemia. Así, los desembolsos de créditos, severamente afectados por las medidas de confinamiento, se vienen recuperando en los últimos meses, en parte favorecidos por los programas dictados por el Gobierno. De otro lado, las reprogramaciones de créditos vienen presentando una reducción respecto a su nivel máximo de S/ 137 mil millones registrado en junio de 2020. Asimismo, el repago de los créditos, fuertemente afectados por la crisis, muestra una gradual recuperación en los últimos meses, aunque aún sin retomar los niveles pre-pandemia. El segmento de créditos a la MYPE ha sido el más afectado, con mayores niveles de reprogramación y menores niveles de repago; y que si bien viene mostrando recuperación, todavía presenta riesgos latentes dada su mayor sensibilidad a contracciones en el ciclo económico.
La respuesta operativa del sistema financiero peruano durante la crisis por la pandemia del COVID-19 muestra la resiliencia lograda a lo largo de casi 20 años de trabajo. A pesar de que pocos consideraron dentro de sus planes la ocurrencia de una pandemia de las magnitudes que estamos viviendo, las estrategias de continuidad empleadas por las empresas del sistema financiero para hacer frente a la crisis actual son el resultado de la preparación para atender eventos disruptivos extremos, como parte de la gestión de la continuidad del negocio; aspecto que la SBS impulsa hace casi 20 años desde la supervisión, regulación y ejecución de ejercicios sectoriales.
Asimismo, las empresas del sistema financiero con productos crediticios dirigidos a personas naturales han venido aplicando estrategias de tratamiento de clientes con dificultades temporales de pago en al menos uno de sus productos (reprogramaciones de créditos). Estas estrategias han sido muy variadas y han sufrido modificaciones entre el segundo y tercer trimestre de 2020, en particular en tarjetas de crédito. Al respecto, con el objetivo de que este tratamiento sea homogéneo y transparente para los clientes, la SBS incorporó mejoras en su marco normativo al establecer reglas mínimas aplicables a dicho proceso, como parte de la adecuada conducta de mercado que deben aplicar las empresas.
Sistema privado de pensiones, seguros y Coopac
Adicionalmente, la pandemia tuvo un impacto severo en los mercados financieros internacionales, provocando una elevada volatilidad y una disminución generalizada del valor de los instrumentos financieros a nivel global, situación que también afectó el desempeño de los fondos privados de pensiones, los cuales presentaron rentabilidades negativas considerables a marzo de 2020. Sin embargo, a partir del mes de abril se observó una progresiva recuperación en los indicadores financieros mundiales, relacionada con la reactivación de ciertas actividades económicas y el control de la pandemia en determinados países; en ese sentido, los fondos de pensiones también lograron revalorizarse, pues se observa que las rentabilidades de corto plazo, que generalmente son las más afectadas en los periodos de crisis, ya muestran valores positivos para los fondos tipo 0, 1, 2 y 3. Por otro lado, como consecuencia de la aprobación de retiros anticipados extraordinarios de recursos de los fondos por parte de los afiliados, las AFP tuvieron que hacer frente a inesperados riesgos de mercado y liquidez adicionales, para lo cual realizaron operaciones de reporte autorizadas por la regulación vigente, a efectos de poder afrontar las mencionadas necesidades sin tener que efectuar ventas masivas y desordenadas que habrían afectado su valorización, con lo cual se ha logrado mitigar potenciales perjuicios para los afiliados, tanto para los que efectuaron los retiros como para aquellos que se abstuvieron de hacerlo. Asimismo, medidas similares deberán ser nuevamente evaluadas dados los recientes retiros habilitados por la Ley N°31068, por parte de los afiliados.
Por su parte, en el sistema de seguros, las empresas fortalecieron sus posiciones de solvencia y liquidez para afrontar la crisis por la pandemia del COVID-19, mediante la capitalización de utilidades, aportes de capital y el incremento de la inversión en activos más líquidos. A octubre de 2020, se aprecia una recuperación importante en los indicadores del mercado de seguros, así como del valor razonable (fair value) de sus inversiones. A nivel de primas y siniestros, los valores anualizados alcanzan el 96% y 98% de lo reportado a febrero último, respectivamente; aunque cabe resaltar que la pandemia ha generado comportamientos que varían según el mix de negocios de cada aseguradora. A nivel de inversiones, estas han logrado superar los S/ 50 mil millones, gracias a haber mantenido un crecimiento estable durante los últimos años. También sigue destacando favorablemente la calidad crediticia de los reaseguradores que respaldan las operaciones de las compañías de seguros locales, cuyo nivel actual supera ampliamente al mínimo requerido por la Superintendencia. En el caso de la liquidez del sistema, luego de haber alcanzado máximos históricos en abril de 2020, esta ha recuperado los valores mostrados a inicios de año, que son consistentes con los horizontes de las obligaciones de seguros (mayormente de mediano y largo plazos). De cara a los próximos meses, el reto para las aseguradoras sigue siendo retomar la senda de crecimiento de primas y de penetración de mercado, acelerando aún más la digitalización de sus canales de comercialización y su entorno operacional, fortaleciendo al mismo tiempo la gestión integral de sus riesgos.
De manera similar a las empresas del sistema financiero, el sistema cooperativo también se vio afectado en el otorgamiento de créditos, habiendo realizado reprogramaciones importantes en su portafolio, situación que ha tenido un bajo impacto en los niveles de solvencia, con un aumento en la posición de liquidez. Así, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), que cuenta con 438 cooperativas registradas y que se encuentra en un proceso de adecuación a la normativa y supervisión SBS, presenta desembolsos de créditos que a octubre 2020 alcanzó el 62% de lo desembolsado al mismo mes del año anterior; en tanto, las reprogramaciones en el marco del estado de la emergencia nacional llegaron al 59% del portafolio de créditos total. Los menores desembolsos y una relativa estabilidad en los saldos de depósitos, conllevaron un aumento mayor a cinco puntos porcentuales en los niveles de liquidez entre marzo y octubre de este año.
En el contexto anterior y con la finalidad de introducir una mayor gradualidad en el proceso de adecuación, recientemente se modificó el Reglamento General de la Cooperativas en el que, entre otros cambios, se amplían los plazos de cumplimiento normativo; en particular, se amplía en dos años el período para la constitución al 100% de las provisiones.
Puedes revisar el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero aquí.