Lima, 09 de setiembre de 2014.-
Según explicó Mariela Zaldivar, Superintendente Adjunta en Conducta de Mercado y Educación Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el rol que desempeña AFI en este campo es muy activo, por lo que el encargo que recibe el Perú es un gran reconocimiento al compromiso que viene mostrando nuestro país para lograr que miles de peruanos se beneficien del uso de los servicios financieros en mejora de su calidad de vida.
AFI en la actualidad cuenta con 120 instituciones miembros, entre Organismos Reguladores, Superintendencias y entidades gubernamentales directamente involucradas en la promoción de la inclusión financiera, representando a más de 95 naciones de todo el mundo.
Zaldivar – quién actualmente participa en el Foro Global de Políticas 2014 de AFI que se realiza en Trinidad y Tobago – explico que la labor de inclusión financiera en el Perú se inició a finales de la década de los 90’ con el desarrollo del microcrédito para luego dar paso a las micro finanzas. Posteriormente, se genera el concepto de bancarización y hoy ya hablamos de inclusión financiera, término mucho más amplio con el cual se busca incorporar a una mayor cantidad de peruanos al sistema financiero formal.
“Es un trabajo de larga data que hoy en día se coordina estrechamente con el Estado y el sector privado de manera muy efectiva. Por el lado del Estado tenemos la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, creada por el Gobierno y en donde participan el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Banco Central de Reserva del Perú y el Banco de la Nación. A ello se suma el esfuerzo que realiza el sector privado para lograr que sus servicios lleguen a todos los peruanos, sobre todo a los más necesitados”, precisó.
Explicó que en Perú se apunta a lograr una inclusión con calidad y no una inclusión desordenada que mañana genere exclusión. “Queremos que el uso de los productos financieros genere bienestar a las personas y para ello deben recibir toda la información necesaria y encontrarse en la capacidad de utilizarla adecuadamente para su beneficio. Debe existir un balance adecuado entre estabilidad, integridad, protección e inclusión. Ese es el reto que nos hemos trazado como país”, expresó.