El Sistema Nacional contra el Lavado de Activos (LA) en el Perú tiene como objetivo fundamental prevenir, detectar, investigar y sancionar a individuos u organizaciones criminales que ingresan activos de origen ilícito en el sistema económico, tanto financiero como no financiero, con el propósito de otorgarles una apariencia de legalidad para su posterior uso.
En este contexto, surge una pregunta: ¿cuáles han sido los resultados concretos de este sistema en términos de sanción penal? La respuesta a esta interrogante se encuentra en el V Informe de Sentencias Condenatorias de Lavado de Activos en el Perú, elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el cual ofrece un análisis detallado de las sentencias condenatorias emitidas en el país por casos de lavado de activos durante el período comprendido entre 2012 y 2022.
En el presente artículo se exponen los principales hallazgos y resultados del informe:
I. Sentencias condenatorias de lavado de activos y delitos precedentes identificados
Entre los años 2012 y 2022, se emitieron 206 sentencias condenatorias por el delito de LA en el Perú (gráfico N.°1), siendo los años 2021 y 2022 aquellos con mayor número de sentencias (36, 17.5% y 31, 15.0 %, respectivamente). Al comparar las sentencias emitidas en los últimos ocho años, divididos en periodos cuatrienales, se observa un incremento significativo. Entre 2015 y 2018 se dictaron 67 sentencias por LA; mientras que en el periodo 2019-2022 el número ascendió a 107 sentencias, lo que representa un incremento de 40 casos, equivalente a un aumento del 59% respecto al periodo anterior.
Gráfico N.°1
Evolución del número de sentencias condenatorias de lavado de activos 2012-2022
Elaboración propia: SBS-UIF
Respecto a los delitos precedentes de LA, de las 206 sentencias, el 35.4% (73) correspondió a delitos contra la salud pública, seguido por los delitos contra el patrimonio con 23.3% (48) y delitos contra la administración pública con 19.9% (41). Asimismo, en el 10.2% de las sentencias (21), se identificó un delito contra la fe pública como delito precedente; y, en menor medida, figuran los delitos ambientales con 4.9% (10), delitos tributarios con 2.4% (5) y delitos aduaneros con 2.4% (5).
Gráfico N.°2
Número de sentencias de acuerdo con el tipo de delito precedente
Elaboración propia: SBS-UIF
Ahora bien, en las sentencias de LA que tienen como delito precedente los delitos contra la salud pública (73), el 98.6% comprendió el delito de tráfico ilícito de drogas (72); mientras que sólo en el 2.7% se identificó el delito de microcomercialización o microproducción de droga (2). Sobre los delitos contra el patrimonio (48), destacan la estafa con una incidencia de 43.8% (21), la extorsión con 22.9% (11), el robo con 18.8% (9) y el hurto con 14.6% (7).
II. Personas condenadas y el perfil del lavador
A través de las 206 sentencias de LA, se ha condenado a 369 personas naturales, de las cuales, sin considerar a ocho personas que recibieron una exención de pena, el 76.7% (283) fueron a prisión y al 21.1% restante (78) se le suspendió la pena. También se ha sancionado con disolución a 11 personas jurídicas por tratarse de sociedades de fachada.
Respecto a las características de las personas condenadas, fue posible construir un perfil del lavador basado en la información contenida en las sentencias (ver gráfico N.°3). El 95.9% (352 personas) de los sentenciados es de nacionalidad peruana; mientras que el 2.7% (10) son extranjeros y un 0.3% (1) acreditó doble nacionalidad. Según la etapa de vida, los adultos son el grupo mayoritario con 75.9% (280), seguido de los adultos mayores con 14.6% (54) y, finalmente, los jóvenes con 7.05% (26). Por género, el 66.1% (244) son hombres y el 32.8% restante son mujeres (121).
También se identificó el nivel educativo y ocupación. Respecto al primero, se observó que el 52% de condenados (192 personas) tiene educación secundaria, el 36% (134 personas) educación superior, el 9.2% (34 personas) educación primaria y 0.2% (1 persona) no posee instrucción. En el caso de las ocho (8) personas restantes, no fue posible obtener esa información, principalmente por tratarse de colaboradores eficaces. Con relación a la ocupación principal, según la data disponible, se pudo identificar que el 23.6% (52 personas) se había desempeñado como comerciante, 10% (22) como conductor y 8.6% (19 personas) como abogado.
Gráfico N.°3
Perfil del lavador según las sentencias condenatorias de lavado de activos 2012-2022
Elaboración propia: SBS-UIF
Sobre el universo de personas condenadas, 11 de ellas eran personas expuestas políticamente (PEP): nueve (9) funcionarios de gobiernos locales y regionales (un alcalde de centro poblado, cuatro alcaldes distritales, un regidor-teniente alcalde distrital, dos gobernadores regionales y un gerente de Logística y Abastecimiento de un municipio distrital) y dos funcionarios del Ejército (un oficial superior que ejerció funciones económicas, logísticas y de administración y un Comandante General de la Región Militar del Centro). Además, se identificó a una (1) persona que fue condenada cuando ejercía el cargo de regidor en un municipio distrital y dos exgobernadores regionales y dos exalcaldes distritales involucrados en las delaciones de colaboradores eficaces condenados.
III. Incidencia del lavado de activos: modalidades, sectores, tipologías e indicios
El informe muestra que, por tipo penal de LA, el 80.09% (165) de las 206 sentencias corresponde a actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia; mientras que el 19.91% restante (41) a transporte de dinero en efectivo de origen ilícito. Asimismo, si agrupamos dichas sentencias según la vinculación de los hechos materia de condena, se identificaron 160 casos: 124 corresponden a conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia, y 36 a transporte de dinero en efectivo de origen ilícito.
Al revisar los 124 casos vinculados a conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia, se aprecia que el principal sector económico afectado es el vehicular con 53.2% (66) de los casos, seguido del inmobiliario con el 50% (62), bancario con el 38.7% (48) y el notarial con el 25% (31). Asimismo, la tipología de LA que se utiliza con mayor frecuencia es el uso de testaferros que está presente en el 42.7% de los casos (53), seguido por el uso de personas jurídicas con 36.3% (45) y transferencias simuladas y/o fraudulentas con 11.3% (14).
Gráfico N.°4
Sectores de la economía utilizados para lavar activos (2012-2022)
Elaboración propia: SBS-UIF
Finalmente, respecto a los principales indicios de LA identificados por los jueces al momento de condenar, resalta el desbalance o incremento patrimonial injustificado o inusual en el caso de personas naturales, siendo el 42.7% de los casos (53); seguido de la vinculación o conexión con actividades delictivas en 28.2% (35) y el de la vinculación o conexión con personas o grupos relacionados con actividades delictivas en 16.9% (21).
En conclusión, las cifras expuestas indican que, si bien la relación entre la cantidad de las sentencias de LA emitidas en el periodo 2012-2022 y el número de sentencias que se emiten por los distintos delitos precedentes (como el tráfico ilícito de drogas o la corrupción) es asimétrica, se observa un crecimiento sostenido de sentencias de LA durante ese periodo. Asimismo, la existencia de 283 condenados con prisión efectiva sobre un universo de 369 condenados, demuestra que las sanciones impuestas por el delito de LA son efectivas, proporcionales y disuasivas.
De igual manera, se logra evidenciar que el V Informe de Sentencias Condenatorias de Lavado de Activos en el Perú constituye un recurso fundamental para todos los actores, tanto privados como públicos, que forman parte del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos (LA). Además, resulta una herramienta valiosa para la ciudadanía, ya que permite comprender de manera más profunda este complejo fenómeno y los esfuerzos desplegados para combatirlo.
Los interesados pueden acceder al V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú ingresando aquí.