En la última década, el Estado peruano ha mostrado avances significativos en la inclusión financiera en el país, siendo muestra de ello la aprobación de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) y su Plan Estratégico Multisectorial (PEM), elaborados por la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF). Así, la PNIF considera que la inclusión en un sistema financiero formal puede llevar a mejorar el bienestar económico de la población, teniendo implicancias en el desarrollo económico y la estabilidad financiera, así como en la competitividad y productividad nacional; por lo cual, se vienen realizando acciones para incrementar el acceso y uso de productos y servicios financieros por parte de los diferentes grupos poblacionales.

Sin embargo, pese a estos avances, aún persisten importantes brechas en ciertos segmentos que están expuestos a una situación de vulnerabilidad, como la población en zonas rurales, la población con alguna discapacidad y la población extranjera en el país. A agosto de 2023, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se estima que 1.6 millones de extranjeros permanecen en el Perú. Al respecto, el Estado peruano[1] ha desplegado una serie de acciones para regularizar la situación migratoria de esta población, con la finalidad de fomentar el ejercicio de sus derechos y deberes, para que accedan a diversos servicios como parte de su proceso de integración socioeconómica, siendo relevante, con esa finalidad, la generación de condiciones para facilitar su acceso a productos y servicios financieros.

Una encuesta realizada en el año 2020, por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el World Council of Credit Unions (Woccu)[2], evidenció que solo el 14% de la población venezolana en Lima Metropolitana tenía algún producto financiero en Perú, porcentaje mucho menor al mencionado por dicha población cuando se encontraban en Venezuela (87%).

Estudio y la Guía Práctica

En este contexto, en el año 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) elaboró un estudio de diagnóstico[3] sobre el acceso a servicios financieros por parte de la población refugiada y migrante, encontrándose que al, 31 de diciembre de 2021, de las 830 mil cuentas (ahorro, CTS, sueldo, vista, plazo fijo, básica) y 80 mil créditos contratados por extranjeros, el 75% y 93% de las mismos, respectivamente, fueron abiertos con carné de extranjería. Así, se pudo observar que la población identificada con carné de extranjería podía acceder con mayor facilidad al sistema financiero, aun cuando solo representaban el 29% de la población refugiada y migrante en el Perú[4]; generándose una brecha con relación a aquellas personas que contaban con otros documentos de identidad, los cuales también son considerados válidos por las autoridades migratorias para la celebración de actos jurídicos, como es la subscripción de contratos con entidades del sistema financiero.

En este estudio, se identificaron nueve (9) barreras para la inclusión financiera que provienen tanto de las condiciones de entorno, como de la oferta y demanda de la población refugiada y migrante, entre las que destacan: la limitada información de los documentos de identidad y sus mecanismos de validación; el limitado conocimiento de las características de la población refugiada y migrante por parte de la industria financiera; el bajo nivel de regularización de la situación migratoria, entre otras. Tomando en cuenta estas barreras, entre otras medidas, se consideró relevante poner en marcha más acciones de difusión para mejorar el conocimiento de las características y la documentación de la población refugiada y migrante por parte de las entidades del sistema financiero.

Al respecto, y siguiendo iniciativas previas de otros países de la región como Brasil y Colombia, la SBS, junto con la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Usaid y Woccu, consideraron relevante el desarrollo, lanzamiento y difusión de la “Guía práctica para la inclusión financiera de la población refugiada y migrante”[5], con el objetivo de orientar al sector financiero, en sus diferentes niveles, para: i) informar sobre las características de los documentos de identidad de la población refugiada y migrante, y los mecanismos para validar la información contenida en los mismos; ii) caracterizar a la población extranjera para así facilitar el diseño de estrategias que promuevan su inclusión financiera en el Perú; e iii) identificar buenas prácticas implementadas por los proveedores de servicios financieros.

Así, la Guía Práctica fue lanzada el 1 de marzo de 2023 con la participación de diferentes actores de interés, como los representantes de los gremios del sistema financiero. Adicionalmente, se desarrollaron talleres de difusión conjuntos[6], con el objetivo de profundizar el contenido de la Guía Práctica, los cuales se han brindado hasta el momento con representantes de la Federación Peruana de Cajas Municipales (Fepcmac) y de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep).

Finalmente, se debe destacar que, a fin de facilitar el acceso de la población migrante y refugiada al sistema financiero formal, se tiene planificado continuar con las capacitaciones sobre la Guía Práctica a los demás gremios del sector financiero; desplegar una estrategia de comunicación para sensibilizar al personal de las empresas supervisadas sobre la problemática que enfrenta este sector de la población; generar estadísticas sobre sus características; mejorar la interoperabilidad entre las entidades migratorias y el sistema financiero para un mejor acceso a información; y desarrollar acciones de educación financiera orientadas a la población refugiada y migrante.