Las políticas nacionales de inclusión financiera constituyen una importante herramienta de política pública, ya que permiten trazar un camino claro y coordinado para mejorar el acceso y uso de los servicios financieros de calidad en los países. Ello, a través de la definición de objetivos, la identificación de retos y oportunidades relevantes para su logro, y el establecimiento de un conjunto de acciones prioritarias para alcanzar dichos objetivos de manera articulada.

En nuestro país, la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF)[1] elaboró la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), aprobada mediante Decreto Supremo N°255-2019-EF el 5 de agosto de 2019. Dicho documento reemplazó a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)[2], y fue diseñado tomando en consideración las nuevas pautas establecidas por el reglamento que regula las políticas nacionales[3] y la creciente digitalización de los productos y servicios financieros.

La PNIF tiene como visión mejorar el bienestar económico de la población, a través de los beneficios que genera su inclusión en el sistema financiero formal, considerando un enfoque intercultural, territorial y de género. Asimismo, define cinco objetivos prioritarios (OP):

1. Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero (OP 1).
2. Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población (OP 2).
3. Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado (OP 3).
4. Desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura y el uso de servicios financieros (OP 4).
5. Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales (OP 5).

La PNIF se implementa a través del Plan Estratégico Multisectorial (PEM), aprobado mediante Decreto Supremo N°112-2021-EF el 20 de mayo de 2021. El PEM de la PNIF incluye 30 medidas de política que establecen hitos de corto, mediano y largo plazo. Cabe resaltar que el PEM reconoce la importancia de la inclusión financiera digital y, en ese sentido, busca, por un lado, habilitar una oferta de servicios financieros digitales seguros; y, por otro, capacitar financiera y digitalmente a la población para impulsar el uso de dichos servicios.

Principales avances

OP 1: Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero

Durante el 2022, se continuaron ejecutando distintas acciones con la finalidad de generar capacidades financieras en la ciudadanía, a través de una estrategia integral que incluyó diferentes públicos objetivos: estudiantes y docentes en las escuelas, jóvenes estudiantes de educación superior y técnico profesional, adultos dependientes e independientes, microempresarios y población en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Así, por ejemplo, el Ministerio de Educación (Minedu) desarrolló nuevos contenidos de educación financiera en el portal Aprendo en Casa, dirigidos a los alumnos de primaria y secundaria: “Ahorro para cumplir mis metas”, “Un presupuesto para estar saludables” y “Reconocemos los servicios y productos financieros”, entre otros. Asimismo, continuó con sus esfuerzos de promover la educación financiera entre los docentes, con el apoyo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través del programa Finanzas en el Cole. De esta manera, se capacitaron a 1,926 docentes de primaria y secundaria.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en el marco de los planes de inclusión financiera de los programas Contigo, Cuna Más, Juntos, Foncodes, País, Pensión 65 y Qali Warma, puso en marcha acciones (sensibilización y capacitación) dirigidas a desarrollar habilidades financieras en los usuarios y el personal gestor de estos programas.

Por otro lado, la SBS, a través del programa Finanzas para Ti, capacitó a 34,350 personas, en temas vinculados al manejo de las finanzas personales, deberes y derechos del consumidor financiero, cultura del aseguramiento y cultura previsional. Además, la institución aprobó el Plan de Capacitación de Educación Financiera 2023-2030, enfocado en trabajadores dependientes, independientes, jóvenes, personas adultas mayores y hogares. Dicho plan define cuatro líneas de trabajo: realizar capacitaciones de cultura financiera; actualizar y desarrollar materiales y recursos sobre educación financiera; implementar la estrategia de comunicación de la SBS; e incentivar el desarrollo y ejecución de iniciativas de educación financiera.

De igual manera, se emitió la Hoja de Ruta de la Semana Mundial del Ahorro (SMA) 2022-2030, actividad a cargo de la SBS, la cual incorpora acciones para reconocer el trabajo de los aliados y orientarlos en las futuras actividades, visibilizar iniciativas de educación financiera relevantes y coordinar con los actores claves de los sectores público y privado, entre otros aspectos. La SMA 2022 contó con la participación de 74 entidades[4], que capacitaron de manera directa a más de 256 mil niños y jóvenes (hasta 30 años) y 5.2 millones de adultos; y de manera indirecta a 7.9 millones de personas.

OP 2: Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población

Con el objetivo de promover el uso de cuentas digitales, como instrumento de inclusión financiera y facilitar el pago de los beneficios otorgados por el Gobierno, el Banco de la Nación (BN) creó 10.8 millones cuentas DNI en el año 2022, con lo cual se alcanzó un acumulado de 13.1 millones[5]. Además, se logró que el 25% del total de las transacciones de recaudación y corresponsalía del BN se efectúe a través de la plataforma Pagalo.pe en el primer semestre del año pasado[6].

De igual modo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está trabajando en la elaboración del proyecto de ley de uso obligatorio y progresivo de pagos digitales para el desarrollo de actividades económicas; mientras que el Ministerio de la Producción (Produce) capacitó a más de 3,287 micro y pequeñas empresas (MYPE) en el marco de su plan anual de difusión y orientación financiera para la MYPE 2022, a través del cual brinda orientación financiera en materia de pagos digitales, factoring, acceso a  financiamiento, entre otros.

Por su parte, con la finalidad de mejorar y ampliar los indicadores de inclusión financiera disponibles, la SBS modificó y creó formatos para la captura de información sobre coordenadas geográficas de los puntos de atención y número de usuarios y operaciones a través de aplicaciones móviles y homebanking; así como data desagregada por género en cuentas de dinero electrónico[7].

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) desarrolló un modelo de encuesta de necesidades financieras, respecto de los mecanismos de financiamiento y garantías que promueve dicha entidad. Esta encuesta aportará información que contribuirá en el diseño de productos financieros simples, innovadores y eficientes, enfocados en los pequeños productores agrarios.

OP 3: Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado

En el año 2021, se crearon el Comité de Libre Competencia de Servicios Financieros[8] y la Mesa Especializada de Conducta de Mercado[9]. El primero, con el objetivo de coordinar acciones de distintas entidades públicas involucradas en la supervisión del sector financiero, para mitigar las fricciones que limitan la competencia en el sector; mientras que el segundo, para proponer acciones que permitan identificar las principales fricciones en el mercado de servicios financieros, de seguros, previsionales y mercado de valores, y así adoptar medidas eficaces dirigidas a reducirlas o, incluso, eliminarlas.

Respecto al Comité de Libre Competencia de Servicios Financieros, durante el 2022, se aprobaron su reglamento de funcionamiento y plan de trabajo. Asimismo, se capacitó a sus miembros en temas como: (i) el concepto de mercado en libre competencia; (ii) las conductas sancionables; (iii) las facultades del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi); y (iv) casos aplicados. Por su parte, la Mesa Especializada de Conducta de Mercado también aprobó su reglamento y plan de trabajo, así como el protocolo para la difusión de prácticas y normativa sobre conducta de mercado y protección al consumidor, a fin de que esta sea predecible, oportuna y homogénea.

Por otro lado, se aprobó la Ley que modifica el capital mínimo de las empresas de transporte, custodia y administración, mediante el Decreto Legislativo Nº1531 publicado el 15 de marzo de 2022, con el propósito de promover una mayor competencia en la prestación de los servicios de transporte y custodia de dinero y valores.

OP 4: Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura y el uso de servicios financieros

Con la finalidad de fortalecer la estrategia de prevención y mitigación de riesgos digitales, así como prevenir y reducir los ciberataques, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó la Mesa Técnica de Confianza Digital[10] y la Unidad Funcional de Confianza Digital[11].

Adicionalmente, se siguió promoviendo el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones y la expansión de la cobertura de los servicios financieros. En tal sentido, 2,585 localidades se beneficiaron con la cobertura del servicio de internet en el marco de los proyectos regionales de banda ancha del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel)[12].

Asimismo, en el marco del plan Todos Conectados[13], que busca reducir la brecha de conectividad, fomentar el acceso al internet y generar habilidades digitales, se implementaron 104 centros de acceso digitales (CAD). Estos CAD son espacios habilitados con computadoras, tabletas y otros equipos para ampliar el acceso y uso de internet.

OP 5: Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales

En el año 2021, se crearon el Comité Consultivo de Inclusión Financiera (CCIF) de servicios financieros rurales, el CCIF de fintech y el CCIF para mujeres. El primero busca facilitar la coordinación para elaborar propuestas normativas o mecanismos que promuevan el desarrollo de servicios financieros en zonas rurales; el segundo tiene como finalidad promover el desarrollo integral del ecosistema fintech, a favor de servicios financieros modernos, seguros, y orientados a atender las necesidades de los consumidores financieros; y el tercero apunta a promover el acceso y uso de servicios financieros, por parte de las mujeres, en condiciones de calidad e igualdad de oportunidades.

Durante el 2022, con el propósito de poner en funcionamiento los CCIF, se aprobaron sus reglamentos. Es importante mencionar que en el marco del CCIF para mujeres, liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se priorizaron tres temas: data desagregada por sexo, que busca generar evidencia actualizada y sistematizada sobre las brechas de género en materia de inclusión financiera; educación financiera, cuyo propósito es reducir la brecha de inclusión financiera, poniendo énfasis en las mujeres indígenas rurales; y acceso a financiamiento, que busca la creación o modificación de un mecanismo que promueva el financiamiento con enfoque de género.

Sobre el particular, la SBS desarrolló fichas técnicas de indicadores[14] de inclusión financiera de género, mediante las cuales se busca generar evidencia actualizada sobre las brechas de inclusión financiera de las mujeres y, con ello, impulsar acciones desde el CCIF para promover su acceso y uso de servicios financieros. También, la Superintendencia, en coordinación con el MIMP, diseñó el programa Educación Financiera para Todas, que busca potenciar los conocimientos de educación financiera de facilitadores de intervenciones dirigidas a mujeres. Cabe mencionar que se lanzó un piloto con el personal gestor del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Aurora.

Por otro lado, en el marco de la VI Edición de Sello Municipal, la SBS y el MIDIS desarrollaron el curso conceptos de inclusión y educación financiera desde la Superintendencia, que tuvo como objetivo fortalecer las competencias de los funcionarios que trabajan en temas de desarrollo e inclusión social en los gobiernos locales. Gracias a esta iniciativa, se capacitó a 2,245 funcionarios de gobiernos locales (se abarcó 655 distritos) sobre el manejo de conceptos y políticas de inclusión financiera.

Finalmente, es importante destacar que los avances de la PNIF y su PEM muestran el compromiso del Estado peruano, a través de la CMIF, para impulsar la inclusión financiera en todo el país. Ello ha permitido lograr importantes avances en los indicadores de inclusión financiera, destacando el crecimiento del indicador de tenencia de cuentas, el cual alcanzó el 53.9% al tercer trimestre de 2022, superando en 11.5% a los niveles alcanzados al tercer trimestre de 2019[15].