La recuperación global se rezagaría debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, el que estaría generando presiones adicionales sobre la inflación a nivel internacional, provocando que las autoridades monetarias aceleren el retiro del estímulo monetario y ocasione un menor crecimiento de sus economías. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó, en abril de este año, que la economía global crecería 3.6% en 2022 y 2023. El pronóstico mundial para 2022 se ha revisado a la baja en 1.3 puntos porcentuales (pp) respecto a lo proyectado en octubre 2021. Esta revisión se asocia, principalmente, al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que estaría acentuando las vulnerabilidades económicas generadas a partir de la pandemia, y se sumaría a un contexto en el que las expectativas inflacionarias se han incrementado. Asimismo, considera las nuevas restricciones que ha impuesto China ante el avance de la variante Ómicron, debido a su política de tolerancia cero frente al COVID-19, provocando nuevas interrupciones en la cadena de suministros. De esta manera, se espera para este año un menor crecimiento de Estados Unidos y China, principales socios comerciales de Perú.

La economía peruana crecería 3.4% en 2022 y 3.2% en 2023, según cifras oficiales. Esta proyección muestra una moderación y podría ser revisada a la baja ante la eventual materialización de riesgos externos y domésticos. Un primer riesgo se vincula con el aumento prolongado de la inflación, que incrementaría los costos de las empresas y reduciría el poder adquisitivo de los agentes económicos. En segundo lugar, las mayores expectativas inflacionarias podrían llevar a una aceleración en el retiro de estímulos monetarios, especialmente de los países avanzados, y al endurecimiento de las condiciones financieras globales, que, sumadas a la incertidumbre política local, incrementarían los costos de financiamiento local. En tercer lugar, el aumento de los conflictos sociales tendría impactos sectoriales y en la inversión, especialmente la minera. Finalmente, el cambio de autoridades subnacionales que se realizaría en el último trimestre del año, podría rezagar la ejecución de gasto público.

En este contexto, el sistema financiero peruano ha continuado su recuperación, luego del impacto de la pandemia del COVID-19, lo cual se evidencia en el crecimiento sostenido de la cartera crediticia y en la recuperación de la rentabilidad. Los créditos sin considerar programas del gobierno del sistema financiero experimentaron una fuerte contracción durante el 2020 por los efectos de la pandemia; no obstante, estos superaron su nivel pre-pandemia desde julio 2021 y a febrero 2022 registraron un crecimiento de 5.9% respecto a febrero 2020. Además, la rentabilidad del sistema financiero registró un ROEA[1] de 11.7%, situándose por encima de lo registrado en febrero 2021 (1.1%), aunque aún por debajo a los niveles pre-pandemia (ROEA de 16.2% en febrero 2020).

Si bien la cartera reprogramada[2] se ha ido reduciendo, aún se mantiene un impacto por reconocer. El porcentaje de cartera reprogramada sobre el total de cartera se ha reducido de 22.5% a 6.4% entre febrero 2021 y febrero 2022. No obstante, se mantiene la cartera reprogramada “parada”[3], de mayor riesgo, equivalente al 1.3% del total de la cartera de créditos, concentrada principalmente en cartera MYPE. Frente a ello, se debe señalar que el sistema financiero registra a febrero 2022, provisiones voluntarias que ascienden a S/ 6.8 mil millones de y un ratio de capital global de 14.65%, por encima del mínimo legal de 8%[4], para absorber la eventual materialización de este impacto.

El ejercicio de estrés de solvencia muestra que el sistema financiero, en su conjunto, se mantendría resistente a los efectos económicos de la pandemia ante un escenario económico esperado, así como ante potenciales choques severos locales e internacionales. El sistema financiero ha mantenido su solvencia y fortaleza a pesar del fuerte choque provocado por la pandemia. Ante escenarios macroeconómicos adversos, como los configurados en el ejercicio de estrés de solvencia de la SBS, el sistema financiero se mantiene resistente; así, el ratio de capital global del sistema financiero en su conjunto se situaría, en promedio, en 12.8% al cierre del año 2023 en el escenario de estrés severo, muy por encima del mínimo regulatorio. Los colchones de capital y provisiones mantenidos juegan un rol preponderante en la resistencia del sistema financiero peruano, los cuales se han fortalecido mediante el marco regulatorio establecido por la SBS en los últimos dos años, a través de mayores requerimientos de provisiones y capital, y de la exigencia de elementos de capital de mayor calidad, en línea con estándares internacionales como el de Basilea III.

Por su parte, los resultados del ejercicio de estrés de liquidez a un año muestran que, en general, las entidades son capaces de hacer frente a los flujos de salida que se generarían ante choques severos, con el colchón de activos líquidos de alta calidad que poseen. La resistencia a choques de liquidez en la gran mayoría de entidades está sustentada en la adecuada distribución de activos y pasivos por plazos de vencimiento, en la estructura de fondeo bastante diversificada y en los activos líquidos de alta calidad que han ido constituyendo para cumplir con el requerimiento del ratio de cobertura de liquidez (RCL)[5].

Si bien se encuentra evidencia de que el sistema financiero peruano sería resistente a la posible materialización de diversos choques simultáneos y severos, existen algunos riesgos adicionales que requieren una atención permanente y especializada para preservar la estabilidad financiera en el largo plazo. Un primer riesgo se asocia al nivel de endeudamiento de los prestatarios del sistema financiero. El ratio cuota-ingreso6[6] (RCI) promedio ascendió a 27.8% a diciembre de 2021, nivel ligeramente menor a la medición de diciembre de 2020 (28.2%), manteniéndose por debajo del umbral de 30%[7] establecido internacional. La disminución del RCI en 2021 se debe principalmente a una recuperación de los ingresos de los deudores, en un contexto de retorno a la normalidad y recuperación de las actividades económicas y el mercado laboral. No obstante, este incremento de ingresos ha sido bastante focalizado y ha favorecido principalmente a los deudores que trabajan en el sector formal.

Un segundo riesgo se vincula a la aplicación de tasas de interés máximas para créditos de consumo y a la micro y pequeña empresa, y la eliminación del cobro de penalidad en caso de atraso en el pago del crédito, aspectos contenidos en la Ley N° 31143 que entró en vigencia desde mayo 2021. El impacto de estas medidas en los saldos de la cartera de créditos y en los ingresos financieros de las entidades financieras, a nivel sistema financiero, ha sido moderado; no obstante, se han presentado impactos significativos en entidades especializadas en consumo y en financieras enfocadas a microcréditos. Los productos crediticios más afectados han sido los dirigidos a segmentos de menores ingresos y más vulnerables. Entre las acciones adoptadas por las entidades frente al tope de tasas se encuentra una mejor segmentación de clientes o productos, excluyendo a aquellos con perfiles de mayor riesgo crediticio o con créditos de menor cuantía; e inclusive la eliminación de productos de la oferta crediticia. Asimismo, de la distribución de créditos comprendidos en el alcance la Ley N° 31143 según rangos de tasa de interés, se ha estimado que un 21% de los deudores de estos créditos registraron tasas superiores al tope. El mayor impacto se produjo en el crédito de consumo revolvente. Finalmente, destacar que se ha producido una reducción en el número de deudores bancarizados por el sistema financiero posterior a la entrada en vigencia del tope de tasas.

De otro lado, se ha identificado que la modelación de riesgos catastróficos y su regulación son de suma importancia para mantener la estabilidad financiera y solvencia del sistema de seguros nacional. La exposición del Perú a catástrofes naturales tales como terremotos y tsunamis es elevada y significativa a nivel social y económico debido a diversos factores como son las particularidades de nuestro suelo y mar que derivan de la ubicación geográfica del país, la concentración demográfica y económica en la capital, y a las características constructivas de las edificaciones peruanas, entre otros. Este contexto explica la relevancia de contar con modelos de cálculo especializados en eventos de escala catastrófica que permitan la medición de las consecuencias materiales sobre el mercado de seguros o la economía en general. Durante los últimos seis años, la SBS ha desarrollado un modelo propio de estimación de pérdidas por terremoto y tsunami, así como, ha fortalecido la regulación de riesgos catastróficos del sistema de seguros peruano, contando además con una herramienta tecnológica independiente y especializada, que le permite requerir a las aseguradoras la constitución de reservas catastróficas suficientes para garantizar la cobertura de todas las pólizas potencialmente comprometidas.

Finalmente, se analiza el impacto de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el rendimiento de los fondos de pensiones privados. El objetivo del Sistema Privado de Pensiones (SPP) es maximizar la pensión esperada de los afiliados al momento de la jubilación, para lo cual es importante analizar cualquier factor que impacte en el retorno y riesgo del portafolio administrado. Ante ello, corresponde resaltar que los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) influyen en el rendimiento de las inversiones a través de su impacto en el desempeño financiero y sostenibilidad de las compañías, lo cual también se ve reflejado en la estabilidad de los mercados financieros donde estas operan. Ante el creciente uso Página 9 de los factores ASG por parte de inversionistas institucionales, entre ellos los fondos de pensiones, se observa que han surgido distintas clases de indicadores, ratings e información que contribuyen a analizar cuantitativamente dichos factores, así como de diferentes enfoques, distintos a los tradicionales, para integrarlos en la construcción de sus portafolios. Es por ello, que con la finalidad de evaluar el grado de complejidad del proceso de integración de los factores ASG al proceso de inversión y gestión de riesgos de las Carteras Administradas del SPP, se procedió a realizar un ejercicio cuantitativo dentro de dicho proceso, consistente en la selección de un indicador de referencia de rentabilidad que siga un enfoque ASG. El ejercicio realizado demostró ser complejo de implementar, principalmente, por la información limitada, en términos cuantitativos y de transparencia de la metodología utilizada por proveedores de índices asociados a ASG. Desde el lado regulatorio el ejercicio también resaltó la importancia de contar con un enfoque gradual para la implementación de los factores ASG, partiendo con el establecimiento de lineamientos para su inclusión en el proceso de inversión y gestión de riesgos, para posteriormente, una vez superados los distintos retos que representa la referida integración y las mejores prácticas internacionales, se emitan las disposiciones regulatorias complementarias orientadas hacia su cumplimiento obligatorio.

Puede acceder al Informe de Estabilidad del Sistema Financiero 2022 – 1 aquí.