Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó, en su portal[1], los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2021 (ENR 2021).
Este estudio constituye el tercer ejercicio de evaluación de riesgos de lavado de activos a escala nacional que realiza el Perú. La primera evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se realizó contando con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el año 2010, aun cuando para esa época realizar este tipo de evaluaciones no era un requisito establecido en los estándares internaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). De esta manera, el Perú, junto con Uruguay, fueron los primeros países en la región en desarrollar estos estudios, que a su vez, para el caso específico de nuestro país, conllevó a la emisión del primer Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobado en el año 2011.
La segunda evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se desarrolló en el año 2016, contando con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ese entonces, las 40 Recomendaciones del GAFI ya contemplaban en su primera Recomendación, que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y poner a disposición los recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR), a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Producto de esta segunda evaluación, el Perú aprobó la primera Política Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en 2017, así como el segundo Plan Nacional para la lucha contra dichos delitos para el periodo 2018-2021.
Posteriormente, durante el año 2018, el Perú fue sometido al proceso de Evaluación Mutua por parte del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat), en el que se evaluó el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas por GAFI, así como el nivel de efectividad de los sistemas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, implementados en el país. Entre los resultados obtenidos en dicha evaluación, se observó la existencia de distintos niveles de comprensión del riesgo de lavado de activos por las autoridades competentes y el sector privado, lo que –se señaló- podía estar limitando la capacidad del país de implementar acciones y/o políticas de mitigación específicas para los riesgos identificados. Asimismo, el Informe de Evaluación Mutua a Perú de ese año, señalaba que no se logró evidenciar una comprensión común del riesgo de financiamiento del terrorismo, y que los sujetos obligados mostraban una comprensión limitada de este fenómeno.
A fin de subsanar estas observaciones, la ENR 2021 presenta información detallada dirigida a facilitar la comprensión de los riesgos de lavado de activos, por parte de los distintos actores del sector público que forman el sistema de lucha contra el lavado de activos, los sujetos obligados de la totalidad de sectores económicos y el público en general. En esta misma línea, como parte del proceso de elaboración de la ENR 2021, se han desarrollado documentos específicos sobre la percepción del riesgo del lavado de activos, por parte de cada sector, que serán puestos a disposición de los oficiales de cumplimiento en el portal de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El objetivo principal de estos documentos es presentar un panorama general del comportamiento de los diferentes sectores ante el fenómeno del lavado de activos, con el propósito de coadyuvar a una mejor interpretación y entendimiento de los riesgos identificados en la ENR 2021; así como contar con información específica por sector, que pueda ser utilizada en las propias evaluaciones de riesgo que desarrollan los sujetos obligados.
Asimismo, considerando que los fenómenos de financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva presentan un comportamiento distinto al delito de lavado de activos y representan un problema público diferente, la ENR 2021 centra su evaluación en este último delito y recomienda que, para los otros dos casos, se desarrolle una evaluación de riesgos que aborde ambos delitos de forma exclusiva.
Los resultados
La ENR 2021 es el resultado de un proceso participativo y colaborativo, liderado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la SBS (UIF), en el que participaron representantes de 51 entidades del sector público, 3,203 sujetos obligados a informar a la UIF, 11 gremios de diversos sectores económicos, tres colegios profesionales y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Asimismo, se contó con el apoyo operativo de la Cooperación Alemana en el Perú, implementada a través de GIZ, durante la etapa inicial del proceso de carga de cuestionarios y procesamiento de las repuestas a los mismos, así como en la etapa de edición y diagramación de los documentos finales para su publicación.
El referido estudio se desarrolló utilizando como referencia la metodología del GAFI (FATF/GAFI) y sus resultados se sustentan en diversas fuentes de información estadística a la que tiene acceso la UIF; así como en la información obtenida a lo largo de todo el proceso, mediante la absolución de cuestionarios y el desarrollo de entrevistas con los principales actores del sistema de lucha contra el lavado de activos en el país.
La ENR 2021 identifica y valora 23 amenazas y 66 vulnerabilidades que afectan la lucha contra el lavado de activos en el Perú. El resultado de dicha valoración indica que las principales amenazas para el lavado de activos en nuestro país: la minería ilegal, los delitos contra la administración pública, el tráfico ilícito de drogas, los delitos tributarios y los delitos contra el patrimonio. De la misma manera, las principales vulnerabilidades son: la falta de concientización social sobre las consecuencias del lavado de activos, la existencia de corrupción en los operadores de justicia y la existencia de condiciones que facilitan la corrupción pública, entre ellas la tolerancia. Adicionalmente, el estudio identifica amenazas emergentes ocasionadas por la pandemia del Covid-19, los ciberdelitos y el uso de activos virtuales.
Como resultado de la etapa de análisis y valoración de amenazas y vulnerabilidades, se obtuvo la valoración final de los riesgos de lavado de activos, identificándose que los principales riesgos de lavado de activos en el Perú, son los provenientes de la minería ilegal y de los delitos contra la administración pública, representando, ambos casos, un nivel de riesgo muy alto.
Mapa de los principales riesgos de lavado de activos en el Perú
Por su parte, también se evaluaron riesgos de lavado de activos, a nivel geográfico, utilizando dos grupos de variables: las relacionadas con la presencia de lavado de activos y las relacionadas con la presencia de los delitos precedentes de lavado de activos, identificándose como zonas de mayor riesgo para el lavado de activos a las regiones de Madre de Dios, Lima y Puno.
Mapa del nivel de riesgo de lavado de activos en el Perú a nivel geográfico
A su vez, a fin de mitigar los principales riesgos identificados, la ENR 2021 recomienda implementar una serie de acciones, entre las que destacan:
- La inclusión de nuevos sectores de sujetos obligados como los proveedores de servicios de activos virtuales y las sociedades gestoras de fondos.
- Implementar una regulación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a algunos sectores como operadores de juegos y apuestas a distancia, y sectores de abogados y contadores.
- Dotar a las autoridades que participan en la lucha contra el lavado de activos de los recursos necesarios para contar con peritos, expertos y asesores para la investigación del delito.
- Fortalecer los protocolos para el intercambio de información, mecanismos de cooperación e investigaciones conjuntas, entre las instituciones públicas involucradas en la lucha contra el lavado de activos.
- Promover la aplicación del enfoque basado en riesgo, tanto por parte de los sujetos obligados en la implementación de sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como por parte de los entes supervisores en sus acciones de supervisión.
- Realizar campañas de concientización a la población, en general, sobre los riesgos y consecuencias del lavado de activos.
Cabe mencionar que se cuenta con dos versiones del documento publicadas en el portal de la SBS. La ENR 2021 propiamente dicha y su versión detallada. Los principales aspectos en los que difieren ambos documentos, se sustentan en que la versión detallada incorpora:
- Una sección de riesgo y contexto.
- Anexo con la metodología detallada para la valoración de amenazas y vulnerabilidades.
- Anexo con el mapeo de las vulnerabilidades vinculadas con cada una de las amenazas identificadas.
- Se profundiza en la explicación de las amenazas con una sección de descripción de cada una de ellas.
- Incluye gráficos y mapas adicionales sobre la información estadística de las amenazas.
- Descripción detallada de las tipologías identificadas por la UIF-Perú para cada amenaza.
- Explicación a detalle de los resultados del riesgo de lavado de activos a nivel geográfico, incluyendo la metodología utilizada.
- Otros aspectos relevantes recogidos durante las distintas entrevistas sostenidas con autoridades que participan en la lucha contra el lavado de activos.
Los resultados de la ENR 2021 constituyen el principal insumo para el desarrollo de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos de nuestro país, considerando que las acciones específicas, que dicha política incluya, estarán enfocadas en la mitigación de los principales riesgos identificados. En este contexto, nuestro país se verá en una mejor posición para demostrar el nivel de cumplimiento de los estándares internacionales emitidos por el GAFI. Asimismo, la ENR 2021 es una herramienta sumamente relevante para los sujetos obligados, ya que es el marco de referencia para que todos los sectores implementen sus sistemas de prevención del lavado de activos con un enfoque basado en riesgos.
Finalmente, es importante señalar que la UIF tiene previsto, para el próximo mes de junio, dar inicio al proceso de evaluación nacional de riesgos del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual se contará con la asistencia técnica brindada por GIZ.