Los sistemas de pensiones forman parte del sistema de seguridad social y su importancia radica en la protección que brindan a los ciudadanos cuando concluye su vida laboral (el inexorable riesgo de vejez) y ante cualquier acontecimiento futuro e incierto, ajeno a su voluntad, que les impida continuar trabajando y generar ingresos, ocasionándoles un deterioro de su calidad de vida (riesgos de invalidez y fallecimiento). Por ello, los recursos que aportan cada mes al sistema previsional (sea de reparto, capitalización individual o mixto) deben ser destinados exclusivamente al logro de una pensión que le garantice un flujo periódico de ingresos para la cobertura de sus necesidades básicas al concluir su vida laboral (jubilación) o a sus beneficiarios, en caso corresponda.
Las pensiones futuras dependen fundamentalmente de cinco factores:
- La tasa de aporte.
- La rentabilidad acumulada desde la afiliación.
- Regularidad en pago de aportes.
- Tiempo de permanencia / edad de afiliación o cotización.
- Edad de jubilación.
En consecuencia, cualquier medida que altere estos cinco factores perjudicará el nivel de cobertura y las pensiones de jubilación. Esto hará cada vez más complejo el objetivo de alcanzar una pensión adecuada para quienes actualmente no aportan; y, a su vez, deteriora la cobertura previsional, ya que deja a los afiliados sin recursos suficientes, aumentando el riesgo de caer en una situación de pobreza en la vejez cuando se jubilen.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Perú es uno de los países con menor cobertura previsional de los adultos mayores, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. Nos encontramos en un rango en un promedio de cobertura menor al 20% en América Latina, junto con algunos países de Africa y de Asia.
Cobertura efectiva: Porcentaje de adultos mayores que reciben una pensión
Fuente: Word Social Protection Report, International Labour Organization (2017-2019).
En el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP), desde hace algunos años, este se ha visto afectado por algunas medidas, aprobadas para financiar beneficios distintos al de otorgar una pensión de jubilación, como el retiro del 25% para el financiamiento de la primera vivienda, el régimen de jubilación anticipada (REJA) por desempleo y el retiro del 95.5% de los fondos de pensiones al momento de alcanzar el derecho a la jubilación. Asimismo, desde el inicio del estado de emergencia sanitaria nacional, el Gobierno emitió una serie de medidas para mitigar sus efectos en la economía de las familias, tales como la suspensión del aporte del mes de abril de 2020, así como el retiro de S/ 2,000, sujeto al cumplimiento de determinados requisitos (esta ayuda se enfocó en personas que no habían aportado, con rangos de ingreso menores de S/ 2,400 y suspensión perfecta de labores). Sin embargo, posteriormente, el Congreso de la República aprobó un retiro extraordinario del 25% -mínimo una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta un máximo de tres (3) UIT-, al que podían acogerse todos los afiliados del SPP.
Retiros del fondo de pensiones distintos al de una pensión
(En millones de soles)
A estas medidas, que han afectado los cinco factores mencionados líneas arriba, hay que sumar una iniciativa, que se viene debatiendo en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República (Proyecto de ley N° 5674/2020-CR), que plantea el retiro de hasta el 100% de la cuenta individual de capitalización (CIC), cuando no registren aportaciones ni retenciones por 12 meses consecutivos.
Si bien en el corto plazo este tipo de medida puede generar un alivio, en medio de la crisis sanitaria que atravesamos, en el largo plazo tendrá efectos perjudiciales para los afiliados que se acojan, a los que decidan no hacerlo y a la sociedad en general, entre los cuales se pueden mencionar:
- Ingresos futuros inciertos. La falta de protección frente al riesgo de longevidad (vejez), pues los retiros que se efectúen hoy reducen la futura pensión que reciban al momento de la jubilación.
- Más impuestos para todos en el futuro. La sociedad en su conjunto deberá proveer en el futuro (debido a que en el futuro esta tendrá que proveer) los recursos para financiar la protección a aquellos afiliados que decidieron retirar anticipadamente sus fondos, vía impuestos u otros mecanismos de recaudación, lo que sin duda generará una mayor carga financiera.
- Menor rentabilidad del fondo de pensiones a futuro. Se generan incentivos perversos para que los fondos de pensiones se inviertan en instrumentos más líquidos pero que, a su vez, son menos rentables, con la finalidad de solventar los retiros anticipados, en detrimento de la rentabilidad futura.
- Realización de pérdidas. Se pueden generar pérdidas para los afiliados porque el retiro se efectúa en periodos de crisis financieras, durante los cuales el valor cuota de los fondos de pensiones baja por la caída generalizada de los mercados globales.
Adicionalmente, en un contexto de debate de una reforma del sistema previsional, medidas que promuevan el retiro de los fondos de pensiones rompen la visión de largo plazo del sistema en sí mismo, no considera las características del mercado laboral peruano que tiene un permanente tránsito entre dependiente e independiente, limita la obtención de pensiones adecuadas, y agravan aún más el nivel de cobertura previsional al dejar sin aportes a los trabajadores. Un ejemplo que debemos mirar con atención es el caso mexicano, en donde se viene discutiendo cambios en el sistema de pensiones.
Recientemente en México, a 23 años de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), se ha propuesto una reforma que tiene como objetivo aumentar la pensión y elevar la tasa de reemplazo, e incrementar los niveles de cobertura. Para ello, se han planteado medidas como aumentar la tasa de aporte tripartita de 6.5% a 15% de la remuneración (que estará a cargo del empleador y del gobierno), ampliar el acceso a beneficios (reducir el número de semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión mínima garantizada de 1,250 semanas de cotización actuales -25 años- a 750 semanas -15 años-) e incrementar la pensión mínima garantizada de US$ 147 en promedio aproximadamente -equivalente al 80% de un salario mínimo- a US$ 194 en promedio aproximadamente.
A un año de llegar al bicentenario es importante repensar las políticas relacionadas a la seguridad social, en particular con el sistema previsional, de modo que generen mayor bienestar a la mayoría de ciudadanos. Para ello es fundamental que las propuestas de reforma contemplen una visión de largo plazo y alcanzar un sistema de pensiones integrado, que tenga como objetivo incrementar la cobertura previsional con adecuados servicios, que garantice pensiones suficientes y que sea sostenibles en el tiempo. Esta será la única manera que los trabajadores, que culminen su etapa laboral y se jubilen, gocen de un retiro y de una vejez digna.