La fortaleza fiscal, monetaria y financiera del Perú le han dado el espacio suficiente para implementar medidas agresivas y nunca antes adoptadas, con el objetivo de hacer frente a la crisis generada por la pandemia de Covid-19. En el caso del sistema financiero, previo al estallido de la crisis, este gozaba de muy buena salud. El ejercicio de estrés de solvencia, realizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el año pasado, mostró que su resistencia a choques severos y simultáneos de carácter externo e interno, que se apoyaba en la fortaleza de sus colchones de capital y provisiones requeridas por el marco regulatorio, los cuales permitirían absorber la mayor parte de las pérdidas potenciales. En un escenario de estrés severo con una duración de tres años, el ratio de capital del sistema financiero se situaría en promedio en 12.7%, muy por encima del requerimiento mínimo legal de 10%[1].
Sin embargo, la crisis que hoy enfrentamos supera cualquier supuesto manejado por el ejercicio de estrés y por cualquier ejercicio sectorial de continuidad de negocios que se haya realizado en nuestro país. Estamos frente a una situación completamente diferente, inédita y sin precedentes, generada por factores externos, pero con fuerte impacto en el país y la economía, que requiere también un esfuerzo inédito y sin precedentes por parte todos: gobierno, autoridades, reguladores y también de los ciudadanos (Boletín Semanal N° 11).
En el caso del sistema financiero peruano, debido a esa buena salud, este viene respondiendo a las medidas que ha ido aprobando la SBS tan pronto se declaró la emergencia sanitaria nacional. Ya hemos comentado sobre el rol que viene desempeñando en preservar la cadena de pagos de la economía, a través de las reprogramaciones de los créditos a sus clientes (empresas y personas) que estén al día en sus obligaciones, para que puedan cumplir con sus pagos sin afectar su clasificación de riesgo. Esta medida se complementó con los programas Reactiva Perú y FAE – Mype, aprobados por el Poder Ejecutivo -en coordinación con la SBS y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)-, facilitando créditos con fines capital de trabajo y reprogramación de créditos, con el objetivo puesto también en el proceso de reactivación (Boletín Semanal N° 15).
Pero para que el sistema financiero siga cumpliendo su rol de preservar la cadena de pagos y apoye la reactivación de la economía, conforme las medidas de aislamiento se vayan levantando, es necesario cautelar su solvencia.
Así, paralelamente a la medida de facultar a las entidades financieras a reprogramar los créditos de sus clientes, la SBS exhortó a los miembros de las Juntas Generales de Accionistas (JGA) de las entidades financieras a proponer y aprobar la capitalización del 100% de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019 (Oficio Múltiple N° 11220-2020 del 26 de marzo).
En respuesta a ello, la mayoría de las entidades financieras ha optado por retener un porcentaje bastante mayor de sus utilidades, en comparación a lo observado en años anteriores, ya sea capitalizándolas o dejándolas como reservas o utilidades acumuladas, en espera de tomar una decisión definitiva más adelante en el año, en función de cómo se vaya recuperando la economía. A esta iniciativa, se sumó el Poder Ejecutivo que, a través del Decreto de Urgencia N° 053-2020 del 5 de mayo, dispuso la capitalización del 100% de las utilidades del año 2019 obtenidas por las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) y las cajas municipales de crédito popular, entidades de naturaleza pública, considerando las limitaciones de la capacidad de su principal accionista de realizar aportes de capital en efectivo y la mayor vulnerabilidad de sus deudores y sus depositantes, quienes, en su gran mayoría, pertenecen al segmento de pequeña y microempresa.
A la fecha, con algunas JGA aún pendientes, se espera la reinversión del 72% de las utilidades obtenidas por las entidades del sistema financiero en el año 2019, frente al 51% reinvertido en el ejercicio 2018. Se espera que los accionistas de las JGA pendientes reinviertan más de lo comprometido.
Esto es esencial en las actuales circunstancias. De esta manera, se fortalecerá el patrimonio efectivo de las entidades financieras y se brindará una clara señal al mercado de que se contarán con los colchones de capital necesarios para una adecuada cobertura de los riesgos que puedan enfrentarse en un futuro próximo.
Por su parte, es de esperar que las entidades financieras también adopten medidas adicionales para ganar eficiencia y fortalecer sus patrimonios, considerando la magnitud de la crisis que hoy enfrentamos. Entre las medidas para incrementar eficiencia, las entidades están repensando sus modelos de negocio para trabajar, en adelante, de una manera más digital y remota, lo que implica una reasignación de sus operaciones entre sus distintos canales de distribución. Además, entre las medidas para fortalecer sus patrimonios, en algunas entidades se realizarán más aumentos de capital por parte de los accionistas o quizás se buscará la incorporación de nuevos socios en el accionariado, o tienen la posibilidad de emitir bonos subordinados.
Esta exhortación a capitalizar las utilidades del ejercicio 2019, fue complementada por medidas para facilitar el uso de algunos colchones de solvencia a fin de facilitar el otorgamiento de créditos de capital de trabajo y la reprogramación de deudas. Entre ellas está la reducción de los factores de ponderación de los créditos de consumo e hipotecarios, así como facultar a las entidades financieras a usar el patrimonio efectivo adicional acumulado por el componente de ciclo económico. Otra medida a destacar es la ampliación por un (1) año del plazo de autorización para el uso del método estándar alternativo para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional. La ampliación aplica automáticamente desde el vencimiento del plazo de la autorización que tengan vigente.
Tenemos mucha experiencia acumulada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para diseñar una estrategia que promueva y facilite aportes de capital, adquisiciones o fusiones, privilegiando la estabilidad financiera y la protección del ahorro. Ese es un trabajo que estamos desarrollando las autoridades responsables de la estabilidad del sistema financiero. Lo esencial es tener la confianza de que se trabajará para mantener un sistema financiero fuerte, bien capitalizado y líquido, con la capacidad de cumplir con su rol esencial en la reactivación de la economía y en el desarrollo económico.
Para ello, sin embargo, también requerimos el apoyo del Congreso de la República, para apoyar la estrategia diseñada con visión de país, compromiso y desprendimiento personal para lograr el bien común de los peruanos que necesitan una economía y un sistema financiero sólido para desarrollarse. Esto implica análisis y mesura en la aprobación de proyectos de ley, para evitar daños irreparables a la economía nacional que terminen dañando a quienes es nuestro deber proteger.