Antecedentes
El lavado de activos (LA) es un delito que consiste en darle apariencia de legalidad a los activos ilícitos producto de actividades ilegales, con el fin de que circulen sin problema en el sistema económico. Ello implica que los bienes de origen ilícito son convertidos para no ser identificados y así adquieran una apariencia legítima frente a terceros.
Debido a los efectos nocivos que el LA genera en el país, en el año 2011, mediante Decreto Supremo N.°057-2011-PCM, se aprobó el primer Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, se creó la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft), cuya finalidad es hacer seguimiento a la implementación, cumplimiento y actualización de dicho Plan Nacional. Esta comisión está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el cual ejerce su presidencia; y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tiene a su cargo la vicepresidencia y la Secretaría Técnica.
Años después, en septiembre del 2017, se aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y se fortaleció la Contralaft, con la incorporación de nuevas entidades miembros y la asignación de nuevas funciones. En el marco de esta nueva Política Nacional, se emitió el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para el periodo 2018-2021.
Posteriormente, en el 2018, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) publicó la Guía de Políticas Nacionales, documento que estableció una nueva metodología para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales, así como el procedimiento a aplicar para su actualización.
Conforme a los lineamientos del Ceplan y, teniendo en consideración que el LA y el Financiamiento del Terrorismo (FT) son problemas públicos diferentes, que requieren intervenciones específicas -de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de LA 2021 (ENR LA 2021)[1]-, y que sus riesgos van variando en el tiempo, surgió la necesidad de contar con una nueva política que aborde solamente la temática del LA.
Proceso de elaboración de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030
La Contralaft, además de monitorear el cumplimiento de la política contra el LA, es la responsable de proponer su actualización, sobre la base de los resultados de sus informes técnicos u otros diagnósticos.
En este marco, y contando con un Grupo de Trabajo Multisectorial[2] -creado mediante la Resolución Ministerial N.°132-2021-JUS de acuerdo a la metodología del Ceplan-, desde la SBS, a través de la UIF, se coordinaron las acciones necesarias para la formulación de la propuesta de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030.
La formulación de esta política pública se desarrolló a través de un amplio proceso participativo, que comprendió más de 50 actividades colaborativas, entre talleres y reuniones bilaterales, involucrando la participación de 53 entidades y más de 110 representantes del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos de los principales gremios de sujetos obligados y de las organizaciones de la sociedad civil.
Como parte de este proceso, también se desarrolló una encuesta sobre percepción del LA en el Perú, elaborada por la SBS, a través de la UIF, la cual tuvo como objetivo generar una primera aproximación sobre la percepción de la ciudadanía en torno a la problemática del LA en el país[3].
Contenido de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030
La Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 establece como problema público la “incidencia del lavado de activos que afecta socioeconómicamente a ciudadanos y agentes económicos”, el cual impacta negativamente en el funcionamiento de la economía, facilita el fortalecimiento de las organizaciones criminales y debilita la confianza y legitimidad de las instituciones del Estado.
El diagnóstico, que sirvió de sustento para la delimitación del problema público y su enunciación y estructuración, tuvo como insumos claves la ENR de LA 2021, el Informe de cumplimiento del Plan Nacional 2018-2021, diversos informes y evaluaciones de organismos internacionales tales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)[4], la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. Asimismo, incluyó los aportes e información brindada por diversos actores del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos, entre ellos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Minjusdh, durante los diversos talleres realizados y reuniones de trabajo sostenidas.
Árbol de problemas de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030
* Las Actividades o Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) son actividades o profesiones que, aunque no forman parte del sistema financiero, manejan transacciones susceptibles de ser usadas para actividades ilícitas.
En ese sentido, con el propósito de reducir la incidencia del LA en el país, esta política pública contempla:
- Cuatro objetivos prioritarios, ocho lineamientos, 19 servicios y 46 actividades operativas[5]. Los cuatro objetivos prioritarios son:
- Reducir los comportamientos susceptibles de constituir actos de LA en la población.
- Mejorar la implementación de sistemas de prevención del LA con enfoque basado en riesgos por parte de los sujetos obligados.
- Fortalecer la capacidad del Estado para combatir el LA.
- Mejorar la coordinación intrainstitucional, interinstitucional y entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
- 46 indicadores de calidad y cobertura, que permitirán monitorear periódicamente el cumplimiento de los objetivos prioritarios y servicios establecidos.
Cabe destacar que, con la aprobación y publicación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, el Perú también cumple con la Recomendación 2 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[6], que exige a los países contar con políticas y estrategias nacionales actualizadas para combatir el LA, lo cual es fundamental para afrontar la V Ronda de Evaluaciones Mutuas que realizará el Gafilat al Perú en el año 2029 y cuya data estadística a proporcionar comprende del 2025 al 2028.
Reflexión final
La nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 es resultado de un esfuerzo multisectorial, orientado a estructurar y guiar la intervención del Estado para la obtención de resultados concretos y medibles en la lucha contra este delito.
En ese sentido, su aprobación representa un hito en la lucha contra el LA, que, a su vez, demanda redoblar esfuerzos conjuntos para asegurar su implementación y garantizar el cumplimiento de los objetivos prioritarios, lo que permitirá un efectivo impacto en la reducción de la afectación socioeconómica de los ciudadanos y agentes económicos por el ingreso de activos provenientes de actividades criminales a la economía.
[1] https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTUDIO-ANALISIS-RIESGO/ENR%202021%20versi%C3%B3n%20completa.pdf
[2] Este grupo estuvo integrado por veintitrés instituciones públicas—incluyendo a los tres poderes del Estado—, bajo la presidencia del Minjusdh. La Secretaría Técnica recayó en la SBS, a través de la UIF.
[3] Esta encuesta fue absuelta por estudiantes de diversas universidades, así como por organizaciones de la sociedad civil.
[4] El Gafilat es un organismo intergubernamental encargado de velar por el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que son el estándar internacional en materia de prevención LA/FT, y su adecuada implementación en los países de la región, entre ellos, el Perú. De este modo, realiza evaluaciones mutuas.
[5] Cabe precisar que los objetivos prioritarios son los grandes cambios que se buscan alcanzar para solucionar el problema públicos; los lineamientos son los medios para alcanzar los objetivos prioritarios; los servicios son las acciones por realizar; y, las actividades operativas, son los pasos a seguir para garantizar la realización de los servicios.
[6] El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el LA/FT y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI, además de proveer capacitación y emitir recomendaciones, realiza Evaluaciones Mutuas a sus miembros, seguimiento de éstas, aplica sanciones y monitorea a los países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención.