Los días 5 y 6 de noviembre, Lima fue la sede del XI Encuentro de Supervisores de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de los Fondos de Pensiones (AIOS). Esta asociación está conformada por los supervisores y reguladores de los sistemas de pensiones de capitalización individual de Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay[1]. Como parte de este encuentro, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a cargo de la Presidencia de AIOS, organizó una conferencia internacional denominada “Desafíos de los sistemas de pensiones de América Latina: reforma, cobertura e informalidad”.

Dicha conferencia tuvo como eje central la ponencia de expertos del Banco Mundial, que abarcaron dos temas de singular relevancia y actualidad: i) “Reforma y desafíos de las pensiones de la región”, desarrollada por Ignacio Apella, economista senior para protección social del Departamento de Desarrollo Humano para América Latina; y ii) “Los impuestos, beneficios, incentivos y desincentivos que generan en la formalización del mercado laboral”, a cargo de Truman Packard, economista líder, quien actualmente desempeña el cargo de líder del Programa de Desarrollo Humano para México, Colombia y Venezuela.

En esta conferencia, se abordaron las experiencias y retos de los sistemas de pensiones que permanentemente enfrentan los sistemas de pensiones en América Latina. De esta manera, se resaltó la importancia de que nuestros sistemas de pensiones sean revisados y/o reformados, tanto por la longevidad como por el impacto y la mayor presión que esto conlleva sobre el gasto público. Según cifras de las Naciones Unidas, la región está envejeciendo tres veces más rápido que Europa. En efecto, mientras que a Europa le llevó 70 años duplicar la tasa de dependencia (personas de 65 años a más/personas de 20 a 64 años), a América Latina le llevará 25 años.

Sin embargo, dada la corta perspectiva temporal del bono demográfico, lo cierto es que América Latina ha sido innovador en políticas de pensiones, por la incorporación de sistemas de pensiones de ahorro individual o de contribución definida y por la expansión de las pensiones no contributivas. En los sistemas de contribución definida, se han logrado ahorros significativos para la jubilación y han demostrado que funcionan bien cuando la historia laboral de un trabajador es completa. No obstante, las interrupciones laborales hacen complejo el proceso de ahorro jubilatorio. Esta situación, junto con las consecuencias de la pandemia por el Covid-19, han exacerbado los problemas de cobertura, sobre todo con los retiros extraordinarios del fondo de pensiones ocurridos en Chile y Perú, principalmente. Si bien el envejecimiento no es ajeno a los sistemas de contribución definida, este tiene un impacto negativo en la adecuación de los beneficios y las tasas de reemplazo que proveen. Comparativamente, en la región se presenta una menor proporción de adultos mayores que cuenta con cobertura contributiva. Por ello, las pensiones no contributivas han generado menor incidencia de pobreza en los adultos mayores.

En atención a lo anterior, la revisión de los sistemas de pensiones necesita acelerarse ya que no es posible aplicar reformas solo a los nuevos entrantes, sino que debe considerarse a todos los afiliados o generaciones. Los cambios paramétricos deberían necesitar un menor esfuerzo legislativo y el Estado debe procurar cerrar las brechas de cobertura de los adultos mayores, para mejorar la protección de las personas de la tercera edad.

Se requiere, además, evaluar ajustes en los parámetros de los sistemas de pensiones, llámese tasa de aporte, edad de retiro, condiciones de elegibilidad, fórmula de beneficios, indexación, pensiones mínimas, etc.; así como hacer seguimiento a las reformas de los sistemas capitalización individual. Las propuestas de fuentes de financiamiento también son cada vez más discutidas, debido a que existe una mayor necesidad de recursos para las pensiones no contributivas y la garantía de pensión mínima. Esta situación es crítica en países donde la recaudación y la presión tributaria es baja, en comparación con países desarrollados, por lo que se requieren fuentes adicionales de financiamiento.

Adicionalmente, ante el problema de deterioro de las futuras pensiones por diversos motivos (retiros anticipados, los bajos niveles de cotización, entre otros aspectos), el objetivo de un sistema de pensiones es lograr una promesa equilibrada entre sostenibilidad, adecuación y cobertura (equitativo). Frente a esta situación, el Banco Mundial propone un paquete integral de provisión que contemple el establecimiento de una pensión de garantía universal para todos los afiliados, el cual se complementaría con la pensión contributiva y el ahorro voluntario, a fin de eliminar inequidades entre los trabajadores que aportan versus los que no aportan. En el siguiente gráfico se resume los principios y la implementación de algunas reformas planteadas en América Latina.