Esta semana, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha publicado el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero (IESF), correspondiente a noviembre de 2021. En esta última edición, se analizan las principales vulnerabilidades y fortalezas del sistema financiero, se presentan los resultados de los ejercicios de estrés de solvencia y liquidez del sistema, se evalúa el nivel de endeudamiento de las empresas mayoristas del sector real peruano, se analiza el rebalanceo de los portafolios de las AFP ante los requerimientos de retiros parciales de fondos y se discuten los avances en torno a la regulación de las Fintech y los entornos de prueba para el desarrollo de actividades basadas en modelos novedosos, entre otros temas. Aquí, les ofrecemos un resumen.

La recuperación de la economía global continúa, pero estarían empezando a darse algunas señales de debilitamiento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó, en octubre de este año, que la economía global crecería 5.9% en 2021 y 4.4% en 2022[1]. La tasa proyectada para 2021 muestra una ligera revisión a la baja (0.1 pp) respecto a la publicada en julio, asociada a los nuevos brotes de la pandemia que han afectado la oferta de suministros y habrían provocado interrupciones por un periodo más prolongado de lo esperado, lo que estaría limitando la recuperación de la producción industrial global. Asimismo, se debe considerar que este efecto, sumado al incremento en el precio de commodities alimenticios estaría generando presiones inflacionarias globales. De otro lado, el reajuste en el mercado inmobiliario que se estaría dando en China podría llevar a que se realicen correcciones a la baja en sus proyecciones de crecimiento para los próximos años.

Pese a lo anterior, el escenario externo continúa siendo favorable y habría contribuido a la recuperación de la economía peruana, la cual se espera que alcance un crecimiento de 11.9% en 2021 y 3.4% en 2022, según cifras oficiales[2]. El dinamismo de la economía peruana también estaría siendo impulsado por la recuperación de la demanda interna, ante el avance en la campaña de vacunación que habría alcanzado cerca del 60% de la población objetivo a inicios de noviembre. No obstante, el próximo año se prevé una moderación en la recuperación económica, vinculada a un menor dinamismo de la demanda interna como producto, sobre todo, de un menor crecimiento de la inversión privada. Asimismo, se podría tener un menor impulso externo si se modera el crecimiento económico global.

En este contexto, el sistema financiero peruano ha continuado incrementando su oferta crediticia, empezando a mostrar una recuperación en el presente año. Luego de una fuerte contracción de los créditos directos del sistema financiero por los efectos asociados a la COVID-19, que requirió el apoyo del gobierno a través de programas de garantías, los créditos sin considerar dichos programas superaron por primera vez en julio 2021 su nivel prepandemia, siendo las carteras MYPE y de consumo las que aún se mantienen rezagadas. Con ello, la rentabilidad del sistema financiero, que alcanzó un nivel mínimo en febrero 2021 (ROE de 1.2%) se viene recuperando sostenidamente desde entonces.

No obstante, las entidades financieras continúan revelando pérdidas en los portafolios más afectados, por lo que se espera que continúen implementando políticas para su fortalecimiento patrimonial. Si bien el deterioro de créditos se ha venido reflejando en los estados financieros de las empresas supervisadas, aun habría un potencial impacto a ser revelado en sus portafolios. Sin embargo, debido a la constitución de provisiones voluntarias y medidas de fortalecimiento patrimonial, el sistema mantiene importantes colchones para afrontar potenciales contingencias (a setiembre 2021 las provisiones adicionales a las requeridas ascendieron a S/ 7,868 millones y el capital por encima del mínimo legal fue de S/ 34,345 millones). Asimismo, se crearon dos programas de gobierno que buscan dar espacio a las entidades para que puedan enfrentar eventuales escenarios adversos (DL 1508-2020 para liquidez, y DU 037-2021 para el fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas).

El ejercicio de estrés de solvencia del sistema financiero muestra que, en conjunto, este se mantendría resistente a los efectos aún persistentes de la pandemia, así como a choques severos hipotéticos y simultáneos de carácter externo e interno. El sistema financiero se ha mantenido solvente a pesar del choque provocado por la pandemia, con un ratio de capital global de 15.25% a setiembre de 2021. Los resultados del ejercicio de estrés de solvencia a dos años muestran que incluso ante un escenario de estrés severo el sistema se mantendría solvente. Bajo dicho escenario el ratio de capital del sistema financiero se situaría en promedio en 12.4%, lo cual se encuentra muy por encima del requerimiento mínimo legal, que es 8% actualmente[3]. La resistencia del sistema financiero peruano responde, principalmente, a la fortaleza de sus colchones de capital y provisiones requeridas por el marco regulatorio, los cuales permitirían absorber la mayor parte de las pérdidas potenciales y que se incrementaron como producto de la pandemia.

Por su parte, los resultados del ejercicio de estrés de liquidez a un año muestran que, en general, las entidades son capaces de hacer frente a los flujos de salida que se generarían ante choques severos, con el colchón de activos líquidos de alta calidad que poseen. La resistencia a choques de liquidez en la gran mayoría de entidades está sustentada en la adecuada distribución de activos y pasivos por plazos de vencimiento, en la estructura de fondeo bastante diversificada y en los activos líquidos de alta calidad que han ido constituyendo para cumplir con el requerimiento del ratio de cobertura de liquidez (RCL)[4].

Si bien se encuentra evidencia de que el sistema financiero peruano sería resistente a la posible materialización de diversos choques simultáneos y severos, existen algunos riesgos que requieren una atención permanente y especializada para preservar la estabilidad financiera en el largo plazo. Un primer riesgo se asocia al nivel de endeudamiento de las empresas mayoristas del sector real en el Perú. El análisis del nivel de endeudamiento realizado a través del ratio de cobertura de gastos financieros (RCGF) muestra que la capacidad de pago de las empresas mayoristas del sector real se ha visto parcialmente afectada ante la pandemia de COVID-19. La mediana de este ratio disminuyó de 2.65 en 2019 a 2.13 en 2020, pero aún es superior a 1[5]. Asimismo, en un evento de estrés macroeconómico, las empresas analizadas presentan una capacidad de resistencia suficiente para mantener una mediana del RCGF por encima de 1 para los escenarios configurados. En este sentido, el ejercicio realizado muestra que la capacidad de respuesta de las empresas mayoristas del sector real frente a choques macroeconómicos se mantiene, lo que mitigaría un potencial impacto sobre el sistema financiero ante la materialización de dichos choques.

Un segundo riesgo se vincula a la aplicación de tasas de interés máximas a empresas del sistema financiero (Ley N° 31143) y el impacto que tendría sobre el proceso de bancarización y la estabilidad de las entidades especializadas en créditos de consumo y MYPE. En abril 2021, antes de la entrada en vigencia de esta medida, 805 mil deudores tenían créditos directos a tasas superiores al umbral (83.4% en MN). De estos deudores, la mayoría son mujeres, son jóvenes y registran ingresos menores a S/ 1,000; además cuentan con créditos de bajo monto (S/ 1,200 en promedio). Se estimó que un 73% de esos deudores podría ser excluido del sistema financiero. Asimismo, se estimó que al menos 97 mil personas por año podrían quedar excluidas del acceso al sistema financiero, condenando a potenciales clientes buenos pagadores a prestarse a tasas más altas en el mercado informal sin la posibilidad de que mejoren sus condiciones crediticias.

Con la finalidad de implementar los estándares de regulación más recientes, se ha elaborado un proyecto de modificación del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional que cambiaría el componente por riesgo de concentración de mercado. Este documento se encuentra prepublicado en la web de la SBS, y actualiza los niveles de las cargas de capital por este riesgo en función de los lineamientos de Basilea III y la experiencia internacional. Bajo esta metodología, el requerimiento de capital adicional ya no se encontraría únicamente en función del tamaño de la entidad, sino también de otros elementos como la interconexión, sustituibilidad e infraestructura financiera, y complejidad de las entidades del sistema financiero.

De otro lado, la innovación financiera asociada a Fintech implica desafíos para reguladores y supervisores de todo el mundo; por lo que, una de las varias herramientas que se vienen desarrollando son los sandbox regulatorios, los cuales permiten la remoción temporal de ciertas regulaciones, o el aprendizaje que conduzca al desarrollo de nueva regulación en temas innovadores que requieren de pruebas y experimentación para establecer su viabilidad. Puesto que no todas las actividades Fintech implican ser reguladas y que las actividades asociadas necesitan encontrarse dentro del mandato legal de uno o varios reguladores, no toda innovación financiera debe ser canalizada a través de un sandbox. Asimismo, debe tenerse en cuenta que ciertas iniciativas pueden requerir el concurso de varios reguladores locales o internacionales; así como, puede incluir el desarrollo de iniciativas legales. A pesar de estos desafíos, el sandbox regulatorio es una herramienta de gran interés y que adecuadamente implementada, puede facilitar y agilizar el desarrollo de ciertas innovaciones financieras. El recientemente publicado “Reglamento para la realización temporal de actividades en modelos novedosos” busca normar los espacios de prueba para la realización temporal de actividades basadas en modelos novedosos; espacios disponibles tanto para empresas reguladas por la Superintendencia como para aquellas que cuentan con autorización de organización.

Finalmente, un último aspecto que se ha analizado se desprende de los diversos requerimientos de retiros parciales de fondos que han afectado la estrategia de rebalanceo de los portafolios de las AFP, generando un impacto negativo en la rentabilidad esperada. El análisis realizado para los años 2020 y 2021 muestra que, como consecuencia de los diversos requerimientos de retiros parciales de fondos, la estrategia de rebalanceo de las AFP fue: i) activa en las clases de activo de renta variable extranjera, renta fija local y renta fija extranjera; y ii) pasiva en la clase de activo de renta variable local. Estas estrategias no impidieron la generación de una contribución positiva a la rentabilidad real de los portafolios de los afiliados. No obstante, el ejercicio de simulación realizado sobre la composición y la rentabilidad del portafolio, considerando un escenario donde las ventas en las distintas clases de activos en los periodos de retiros parciales de fondos no se hubieran tenido que realizar, muestra que la rentabilidad simulada del portafolio es mayor que la rentabilidad real obtenida en 5 y 17 puntos básicos en promedio en los años 2020 y 2021, respectivamente. Ello demuestra el impacto negativo de los diversos retiros autorizados de fondos sobre la rentabilidad de los portafolios de los afiliados.

Puede acceder al IESF noviembre 2021 haciendo click en el siguiente enlace: https://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-publicaciones/publicaciones-/informe-de-estabilidad-del-sistema-financiero