La Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 (PNCLA al 2030) constituye un instrumento de carácter multisectorial orientado a estructurar y guiar la intervención del Estado para alcanzar resultados concretos y medibles en la lucha contra este delito.
Con el objetivo de reducir la incidencia del lavado de activos en el país y mitigar su impacto en la ciudadanía y en los agentes económicos, establece 4 objetivos prioritarios, 8 lineamientos, 19 servicios y 46 actividades operativas, cuya implementación está a cargo de 10 entidades públicas. Además, se han definido 46 indicadores que permitirán asegurar su monitoreo y cumplimiento efectivo.
Su formulación respondió a un amplio proceso participativo que involucró a 53 instituciones de los sectores público, privado y de la sociedad civil, con la participación activa de más de 110 representantes.