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Inclusión Financiera: En busca del desarrollo y la estabilidad económica

La nueva Política Nacional de Inclusión Financiera busca que los servicios financieros contribuyan al desarrollo y estabilidad económica del país.

El pasado 28 de julio de 2019, el Presidente Martín Vizcarra anunció, en su mensaje a la nación, la aprobación de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF). Dicha política, en cuya elaboración ha participado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), establece como visión-país, mejorar el bienestar económico de la población a través de los beneficios que genera su inclusión en un sistema financiero formal.

Desde el año 2015, la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera[1] (CMIF) ha venido implementado la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), una política de Estado para la promoción de la inclusión financiera en el país. Si bien aún falta mucho por hacer, a través de un trabajo articulado, entre los diferentes sectores involucrados, se ha logrado el mayor avance en América Latina. Así, entre los años 2014 y 2018, la proporción de adultos con al menos una cuenta en el sistema financiero se incrementó de 29% a 43% (GLOBAL FINDEX[2] 2014 y 2017).

A través del esfuerzo articulado, se logró mejorar el marco normativo vinculado al dinero electrónico; se eliminaron las barreras existentes para la apertura y uso de canales de bajo costo implementados por el sistema financiero; se mejoró la regulación vinculada a las cuentas básicas; se generaron nuevos mecanismos que facilitan el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas (Mipymes); se mejoró la regulación de los canales de comercialización de seguros; se regularon los microseguros y seguros agrícolas;  se continuaron los esfuerzos articulados para mejorar la educación financiera en el país, destacando la incorporación la generación de competencias financieras en la currícula nacional; y, se fortaleció el marco normativo de conducta de mercado aplicable a las entidades del sistema financiero, entre otros.

No obstante, la inclusión financiera en el Perú es aún insuficiente y baja en comparación a niveles internacionales[3], lo cual constituye un problema público, porque restringe la contribución del sistema financiero al crecimiento económico, a la productividad y competitividad y a la reducción de la pobreza y las desigualdades. Es innegable que se han logrado avances importantes en los últimos años, aún un gran porcentaje de la población, concentrada principalmente en los segmentos más vulnerables, no tiene participación en el sistema financiero.

Nace la Política Nacional de Inclusión Financiera

El Perú ha venido trabajando en un ordenamiento y distribución de las competencias para el cumplimiento de las políticas nacionales en diversas materias, buscando alinear los objetivos y prioridades de una visión-país compartida que trascienda las distintas administraciones de gobierno. Es así que, mediante Decreto Supremo N°029-2018-PCM -Reglamento que regula las Políticas Nacionales, se aprobó la actualización de  la ENIF como una Política Nacional. En este sentido, la CMIF, junto con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), desarrolló la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), aprobada mediante Decreto Supremo N° 255-2019-EF, publicado el 05 de agosto pasado en el Diario Oficial. Además, cabe destacar que se incorporan a la CMIF nuevas instituciones, mostrando el interés de los diversos sectores por participar en el proceso de inclusión financiera en el país[4]. 

La PNIF busca que los servicios financieros sean ofrecidos de manera eficiente, y resulten confiables, innovadores, accesibles, asequibles y adecuados a las necesidades de todos los segmentos de la población, con el fin de contribuir al desarrollo  y estabilidad económica; y, por otro lado, impactar positivamente en la competitividad, la productividad, la reducción de la pobreza y desigualdad.

Es importante destacar que dicha Política apunta a obtener logros en las tres dimensiones que comprende la inclusión financiera:

Acceso: Poner al alcance de la población los puntos de atención del sistema financiero, incrementando la cobertura geográfica hasta llegar a la población actualmente insatisfecha o desatendida para ofrecer una gama de servicios de calidad.

Uso: Entendido como el uso continuo y frecuente de los servicios financieros, lo cual puede lograrse implementando mecanismos que generen confianza y ampliando la gama de servicios con orientación al consumidor.

Calidad: Ofrecer servicios financieros adecuados a las necesidades de la población, en un contexto de transparencia y debido respeto a los derechos de la población.   

El diseño de la PNIF ha incluido la identificación de cinco objetivos prioritarios para coadyuvar a remediar el problema de los bajos niveles de inclusión financiera, los que a su vez establecen 16 lineamientos para la consecución de dichos objetivos:  

Objetivo Prioritario 1 (OP1): Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero. Esto requiere mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de la población; generar estrategias comunicacionales dirigidas a estos segmentos, con pertinencia lingüística, enfoque de género e intercultural, perspectiva de discapacidad, por grupo etario, entre otros; así como implementar mecanismos que fomenten el acceso y uso de servicios financieros formales, con especial atención en la población con menor acceso.

Objetivo Prioritario 2 (OP2): Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población. Para ello se requiere incrementar, por un lado, la cobertura de canales; y, por otro, fomentar el desarrollo de canales innovadores, asequibles, convenientes y accesibles. Asimismo, se hace necesario fomentar la oferta de productos y servicios y financieros simples, flexibles, innovadores, seguros y eficientes.

Objetivo Prioritario 3 (OP3): Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado. Esto requiere promover la reducción de los costos de información, fortaleciendo las centrales de riesgo y fomentando el uso de fuentes y servicios alternativos de análisis de información; fortalecer los sistemas de protección de la población y la adecuada gestión de conducta de mercado de los proveedores de servicios financieros; fomentar un marco normativo adecuado a la evolución de las tendencias de innovación en el ámbito financiero, preservando la estabilidad del sistema; y, promover que los servicios financieros se desarrollen en un contexto que busque eliminar la existencia de prácticas y/o restricciones que podrían afectar la competencia.

Objetivo Prioritario 4 (OP4): Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros. Esto se sustenta en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones que permita que los servicios financieros se encuentren al alcance de todos los segmentos de la población; así como en el desarrollo de plataformas digitales a fin de favorecer la colaboración, interoperabilidad, seguridad digital y el uso optimizado de las tecnologías digitales.

Objetivo Prioritario 5 (OP5): Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales. Para ello se requiere generar mecanismos sostenibles de articulación entre las instituciones, establecer el adecuado rol de las entidades financieras públicas en las políticas de gobierno para la inclusión financiera, precisar las funciones de los actores para una mejor eficiencia de la gestión pública y desarrollar instrumentos de gestión y mecanismos para la articulación entre las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

Si bien se han establecido los objetivos prioritarios y lineamientos de la CMIF, aún se debe de elaborar una hoja de ruta articulada y consensuada que incorpore las medidas de política para avanzar en la consecución de la visión de país establecida en la PNIF. En un plazo máximo de 180 días, la SBS, como miembro de dicha Comisión y encargado de la secretaría técnica, y en coordinación con los sectores público y privado, aunará esfuerzos a fin de elaborar el Plan Estratégico Multisectorial de la PNIF, así como establecer las labores asociadas a su implementación. De esta manera, la Superintendencia ratifica su compromiso de asumir un rol protagónico en el desarrollo de esta nueva PNIF, herramienta de gestión pública orientada al cierre de brechas y alineada a una visión compartida de futuro del Perú.

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1 La Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF) fue creada el 14 de febrero de 2014, y tiene por objetivo diseñar, implementar y monitorear la ENIF (Decreto Supremo N° 029-2014-EF). Esta Comisión fue integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación, el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

2 La encuesta Global Findex desarrollada por el Banco Mundial recoge información de demanda a partir de la aplicación de encuestas representativas a nivel nacional realizadas a más de 150 000 adultos con edades a partir de 15 años en más de 140 países.

3 Según los datos de Global Findex del 2017, en el Perú la proporción de personas mayores de 15 años con al menos una cuenta en el sistema financiero es de 43%, aún por debajo del promedio registrado en América Latina (55%).

4 Actualmente, la CMIF se encuentra formada por: el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Riesgo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la Superintendencia de Mercado de Valores y el Banco de la Nación. Dicha Comisión continúa siendo presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas; y, desde junio de 2019, la Secretaría Técnica es ejercida por la SBS.



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