La inclusión financiera de las mujeres es un tema de política pública muy relevante, considerando las oportunidades económicas y el bienestar financiero que genera. Al respecto, la evidencia internacional sugiere que el cierre de brechas de género en la inclusión financiera puede actuar como un facilitador del desarrollo, crecimiento económico, reducción de la desigualdad, evolución empresarial e inclusión social de los países (Trivelli et al, 2018).

Asimismo, la inclusión financiera de las mujeres resulta un componente importante para afrontar la crisis, ocasionada por la pandemia del Covid-19, porque  les permite alcanzar autonomía económica, participar en las decisiones dentro del hogar, romper círculos de violencia y favorecer el desarrollo de sus comunidades. En el Perú, la evidencia muestra que el cierre de brechas de género en materia de inclusión financiera permite mantener un nivel de consumo estable, reducir los riesgos y costos financieros, brindar seguridad y aumentar las tasas de ahorro e inversión, así como promover nuevas oportunidades comerciales (Boyd y Aldana, 2015).

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, estas brechas de género en el acceso y uso del sistema financiero parecen persistir en nuestro país debido a las diferencias estructurales existentes entre hombres y mujeres, vinculadas a la segmentación del trabajo, el nivel de ingreso, la educación y los roles de género establecidos en la sociedad. De hecho, la encuesta telefónica especializada sobre inclusión financiera realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP)[1] muestra que el 63% de los hombres y el 54% de las mujeres tiene alguna cuenta en el sistema financiero; mientras que, en lo que al uso de los servicios financieros se refiere, el 43% de los hombres y el 40% de las mujeres que tiene una cuenta en el sistema financiero realiza operaciones bancarias o financieras por internet (Trivelli y Mendoza, 2021).

El siguiente gráfico muestra que las brechas de género son bastante reducidas en cuanto a la tenencia de cuentas a nivel nacional; no obstante, también se observa que la velocidad de crecimiento de dichas cuentas fue lenta entre los años 2015 y 2020. A pesar de ello, los resultados preliminares del 2021 sugieren un crecimiento importante de la tenencia de cuentas tanto para mujeres como para hombres. Al parecer, la aceleración de digitalización financiera en la vida cotidiana de los peruanos también se reflejó en el incremento de la tenencia de cuentas en mujeres (+10 pp) y hombres (+9 pp).

Asimismo, con relación a las brechas de género por ámbito de residencia, se observa que las mujeres presentan un mayor porcentaje de tenencia de cuentas (41%) frente a los hombres (27%) en el área rural. Dicha situación está vinculada a la apertura de cuentas por parte del programa de transferencias condicionadas Juntos, el cual cuenta con alrededor de 680 mil afiliadas[2] y está  enfocado en mujeres rurales en situación de pobreza. No obstante, se considera que el porcentaje de mujeres incluidas financieramente en la zona rural aún es bajo.

Adicionalmente, 3.4 millones de mujeres peruanas tienen alguna deuda en el sistema financiero a setiembre 2021, lo cual representa el 50% del total de deudores. Es importante resaltar que el número de deudores del sistema financiero peruano se vio afectado por la pandemia. En efecto, el siguiente gráfico muestra el cambio de tendencia a partir del 2020. Cabe mencionar que el número de deudores castigados se incrementó entre marzo del 2020 y 2021, siendo las mujeres las más afectadas. En este sentido, el número de deudores castigados mujeres creció en 18%, mientras que el número de deudores castigados hombres solo se incrementó en 13%.

Por otro lado, si bien el crecimiento de las operaciones financieras digitales durante la pandemia fue acelerado, lo cual ha sido evidenciado por el incremento en el número de operaciones por banca digital[3]; no se cuenta con información desagregada sobre el uso de los servicios financieros digitales por género. De este modo, no es posible conocer el  desempeño que han tenido las mujeres en el uso de las billeteras móviles, pagos digitales y transferencias bancarias.

En el Perú, las brechas de género también se observan en los niveles de educación financiera de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras del 2019, los hombres alcanzan mayores niveles de educación financiera, específicamente en el componente de conocimiento (+8 pp) y comportamiento financiero (+6 pp), en comparación a las mujeres. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de adultos peruanos que alcanzan una adecuada educación financiera según la metodología propuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OECD)[4].

Ante este contexto, la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF)[5], documento de política pública que reemplaza a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)[6], tiene como visión mejorar el bienestar económico de la población a través de los beneficios que genera su inclusión en un sistema financiero formal, considerando los enfoques interculturales, territoriales y de género.

De este modo, a través de su Plan Estratégico Multisectorial (PEM)[7], elaborado por la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF)[8]  y aprobado mediante Decreto Supremo N° 112-2021-EF del 20.05.2021, se tiene como objetivo ejecutar acciones articuladas que permitan garantizar la inclusión financiera de las mujeres de manera sostenible. Así, el PEM incluye medidas de política que buscan fortalecer las capacidades financieras de las mujeres rurales e indígenas[9], de las usuarias de los programas de transferencia social y de las líderes de las micro y pequeñas empresas (MYPE). Además, el PEM incluye una medida de política que tiene como finalidad mejorar la información de inclusión financiera desagregada e integrarla en una plataforma segura que permita monitorear los avances en la inclusión financiera, generar la evidencia necesaria para la definición y priorización de la política pública, y contribuir con el diseño de productos y servicios financieros.

Finalmente, es importante señalar que la PNIF y su PEM se encuentran vinculados con la Política Nacional de Igualdad de Género[10] y su respectivo Plan Estratégico Multisectorial[11], los cuales se encuentran bajo responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De tal manera, se espera que se puedan desarrollar e implementar acciones que promuevan la educación e inclusión financiera de las mujeres.