Los países están encaminados a ganar la batalla contra la pandemia del Covid-19, pero los cambios que ocasionó en los patrones de consumo y en la forma de uso de los productos y servicios financieros están para quedarse. Por eso, el proceso de transformación digital de los sistemas financieros, que tomó un renovado impulso cuando la pandemia empezó a propagarse a nivel mundial en las economías emergentes y países en desarrollo, principalmente, no se ha detenido y sigue avanzando a un ritmo sin precedentes. La innovación financiera continúa ofreciendo oportunidades de negocios y contribuyendo con la inclusión financiera de estos países; pero, al mismo tiempo, continúa planteando retos a sus supervisores financieros, a las entidades financieras y a las fintech, entidades que vienen asumiendo un rol cada vez más protagónico en este proceso.
Cuando los supervisores financieros de estos países comparten experiencias sobre el proceso de trasformación digital, coinciden en identificar hasta tres retos que vienen enfrentando, incluso antes de la pandemia del Covid-19.
Un primer reto pasa por asegurar que este proceso se lleve a cabo en forma ordenada para cautelar la estabilidad de los sistemas bajo su supervisión, que es su principal mandato.
Un segundo reto está referido a la protección del consumidor. Se trata de asegurar que las entidades financieras tomen medidas para mitigar los riesgos que afectan a sus clientes (incluyendo la protección de sus datos personales) y sigan pautas de conducta adecuadas. Vinculado a este aspecto, se suma la necesidad de continuar con los esfuerzos de difundir la educación financiera con la finalidad de que los clientes –y la población en general- confíen en el sistema financiero y en los productos y servicios que ofrecen; y, además, desarrollen las capacidades y habilidades para manejarlos adecuadamente y contribuyan efectivamente en su bienestar.
Un tercer reto se refiere a cautelar la integridad del sistema financiero, en materia de prevención de lavado de activos. Se trata de evitar que estos nuevos productos y servicios digitales sean utilizados con fines delictivos.
La experiencia peruana
En el Perú, la pandemia del Covid-19 aceleró el proceso de transformación digital que ya estaba en marcha en muchas entidades financieras y empujó a aquellas que estaban rezagadas a seguir este camino. El nuevo escenario que impuso el estado de emergencia nacional exigió más servicios, productos y canales de comunicación digitales y las instituciones financieras han respondido bien a esta demanda.
Así, tenemos que la cantidad de nuevos productos y cambios significativos se elevó de 131 a 315 entre los años 2018 y 2020; y, a fines de agosto de 2021, se registraban 214, estando una gran parte de estos asociados a la transformación digital. Estos desarrollos incluyen: Onboarding digital de clientes (tanto en banca como en seguros), créditos online (de principio a fin), billeteras electrónicas y transacciones digitales de divisas y transferencias móviles “inmediatas” (24 horas) entre clientes de diferentes instituciones financieras -aumentaron 13 veces de 2019 a 2021- y ahora son más importantes que las transferencias “diferidas” o al día siguiente) o billeteras electrónicas.
En el año 2020, las transacciones digitales se volvieron tan importantes como las transacciones en sucursales; mientras que, en el 2021, se han convertido en el principal canal de transacciones.
En el caso de muchas de estas iniciativas, se trata de desarrollos propios; pero, también, se está observando la colaboración y alianzas entre instituciones financieras y entre instituciones financieras y startups, como son las fintech. Destacan las alianzas que están permitiendo que las plataformas de pago sean interoperables. Actualmente, existen tres alianzas de billetera electrónica (YAPE, con nueve entidades; PLIN, con cinco; y BIM, con 26). Se debe destacar que estas alianzas no se limitan a los pagos, sino que también incluyen la evaluación crediticia y la originación de préstamos, entre otros aspectos.
En este contexto, al segundo trimestre de 2021, el 51.9% de la población tenía un cuenta de depósito en el sistema financiero. En el segundo trimestre de 2020, este porcentaje era 42.7%; es decir, casi un crecimiento de ocho puntos porcentuales en un año. Además, más de siete y cuatro millones utilizaban YAPE y PLIN, respectivamente; y, más de 1.3 millones usaban BIM.
Otro desarrollo con un importante potencial futuro para mejorar los niveles de inclusión financiera es la iniciativa del Gobierno peruano de abrir cuentas digitales para todos los peruanos mayores de 18 años, en el Banco de la Nación, vinculadas al Documento Nacional de Identidad (DNI). La creación de este producto financiero, denominado “Cuenta DNI”, se constituye en una de las principales medidas del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Inclusión Financiera, herramienta de política pública que busca mejorar el acceso y uso de servicios financieros que se ajusten a las necesidades de la población y contribuyan con su bienestar financiero. Se trata de una cuenta de ahorro básica digital, de apertura automática, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y efectividad en la transferencia de recursos del Estado a la ciudadanía y viceversa, P2G y G2P; y, para acceder a ella, los beneficiarios requieren contar con un teléfono móvil. El 25 de octubre de 2021 se tiene previsto iniciar con el pago de bonos a través de estas cuentas y se espera que el Banco de la Nación abra más de dos millones de cuentas para diciembre de 2021.
Todos estos resultados nos muestran que el marco legal del sistema financiero es lo suficientemente flexible para permitir este masivo crecimiento de la innovación. Pero, esto demandó un importante esfuerzo. (Ver Boletín Semanal N° 40).
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) trabaja permanentemente en la revisión y la actualización del marco regulatorio, buscando que este sea tecnológicamente neutro, de tal manera que se enfoque en lo que las empresas supervisadas deben hacer o cumplir y no tanto en la manera en la que deben hacerlo.
Durante los últimos dos años, se ha emitido o actualizado la regulación aplicada a una amplia variedad de temas, los que incluyen: seguridad de la información, continuidad del negocio, seguridad cibernética, computación en la nube, riesgos relacionados al proceso de subcontratación y los proveedores de servicios, sandbox, pautas para el intercambio de información a través de API (interfase de programación de aplicaciones) y conducta de mercado. Además, el Congreso de la República emitió el marco legal del crowdfunding.
Hacia el futuro
Mirando hacia el futuro, el proceso de transformación digital del sistema financiero seguirá planteando retos a los supervisores financieros, que se están sumando a los mencionados inicialmente: cautelar la estabilidad e integridad financiera y proteger al consumidor.
Primero, en la SBS se considera que, con la finalidad de que la regulación y supervisión puedan mantenerse al día con la innovación, se requiere de más capital humano; es decir, más supervisores calificados en esta materia. Hay una escasez de capital humano calificado no solo en el mercado local, sino a nivel global. La transformación digital no es exclusiva del sistema financiero. Todos los sectores económicos, en mayor o menor grado, están impulsando este proceso.
Un segundo reto pasa por los problemas estructurales propios del país, que impactan y condicionan la forma en que se lleva a cabo la transformación digital: la difícil geografía (los Andes y la Amazonía) y el déficit de infraestructura en telecomunicaciones en general. A ello, hay que sumar las brechas en inclusión y educación financiera que aún se deben cubrir.
En tercer lugar, tenemos el propio proceso de transformación digital de la SBS, incluidas las aplicaciones de Suptech para diversas actividades de supervisión, como la conducta del mercado y el análisis de inteligencia financiera.
Finalmente, si bien los avances son importantes, nos encontramos en un territorio inexplorado. Para la SBS y otros supervisores financieros, hay muchos problemas que están sin resolver y requieren una mayor investigación: las criptomonedas, el rol que están adquiriendo las grandes empresas tecnológicas como proveedores de servicios financieros y el open banking.
Muchos de estos problemas plantean preguntas que van mucho más allá del ámbito de un supervisor financiero. Se enfrentan problemas de privacidad y jurisdiccionales, entre otros. Se tendrá que hacer frente a varios desafíos transversales y entre países, por lo que se requerirá de un alto grado de colaboración entre las diversas autoridades de diferentes países.