• Modificar
    página:
  • A-
  • A+
Leer

Nuevo programa de reprogramación de deudas: Focalización e incentivos para una ayuda más efectiva

Las entidades financieras podrán acceder a una garantía del Estado que las proteja del riesgo de incumplimiento, siempre y cuando reduzcan las tasas de interés de los créditos reprogramados.

En diversas oportunidades hemos advertido sobre el riesgo que implica los congelamientos y moratorias generalizados, como los propusieron algunos proyectos de ley presentados en las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor del Congreso. Este tipo de medidas libera de obligación de pago a todos los deudores, incluidos aquellos que pueden cumplir dicho pago. Y, como un efecto dominó, las entidades financieras dejan de percibir drásticamente los ingresos necesarios para cubrir sus costos -intereses de los ahorristas, gastos de personal y proveedores, etc.-, afectando la cultura de pago, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero y profundizando la recesión económica. También, colisionaban con la Constitución al intervenir en contratos entre privados. Además, un último proyecto planteaba que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) asuma un rol de garante para refinanciar y congelar deudas, lo que afectaba su autonomía.

Como una alternativa frente a las propuestas del Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el BCRP, propusieron Reprograma Perú, un programa de garantía del Gobierno Nacional para la reprogramación de créditos de consumo (incluyendo tarjetas de crédito), hipotecarios y a la micro y pequeñas empresas (MYPE) dirigido a apoyar a los sectores más vulnerables; es decir, aquellos que, hasta el momento, no han podido superar el “bache” que ha generado la pandemia en el desarrollo de su actividad económica. Posteriormente, en base a esta propuesta y gracias a un trabajo consensuado entre el MEF, la SBS, el BCRP y el Congreso, el viernes por la noche el Pleno del Congreso aprobó la Ley que crea el Programa de Garantías COVID-19 para la reprogramación de créditos de consumo, personales, hipotecarios, vehiculares y MYPE.

El principio básico de este nuevo programa es la focalización en los sectores vulnerables, como son las personas naturales y MYPE, que quizás no han accedido a una reprogramación de sus créditos o que, habiendo accedido a este beneficio, siguen enfrentando problemas para cumplir con sus pagos. Este principio no se cumplía en el caso de los congelamientos y moratorias generalizados propuestos por el Congreso.

Recordemos que, desde que se declaró la emergencia sanitaria nacional, las entidades del sistema financiero, al amparo de las normas de la SBS, han venido reprogramando los créditos de aquellos clientes cuya capacidad de pago se había visto afectada por dicha situación.

Al 11 de septiembre pasado, se registraban 7.8 millones de créditos reprogramados por un monto de S/ 121 mil millones. En un momento, este saldo llegó a alcanzar S/ 137 mil millones. La reducción del saldo nos muestra que una gran mayoría de deudores, cuya deuda fue reprogramada, ha empezado a cumplir con sus pagos. Se estima que el 75% de los deudores beneficiados con una reprogramación ya está cumpliendo con su nuevo cronograma de pago; pero resta un 25% que requiere de alguna flexibilización de las condiciones en términos de tasas de interés y/o plazos. Si bien la economía ya empezó a operar, esta lo viene haciendo de manera gradual, por lo que hay personas y sectores que siguen necesitando un apoyo adicional.

Incentivos

Además de la focalización, otra de las virtudes del Programa de Garantías COVID-19 para la reprogramación de créditos de consumo, personales, hipotecarios, vehiculares y MYPE es que genera los incentivos necesarios para que las entidades financieras reprogramen a los clientes que, como consecuencia de la pandemia, aún enfrentan problemas para cumplir sus pagos. El Gobierno les otorgará una garantía que las protegerá frente al riesgo de un incumplimiento del cliente, siempre y cuando reduzcan la tasa de interés del crédito reprogramado. Por su parte, los beneficiarios de la reprogramaciones -personas naturales y MYPE que acrediten una calificación normal o con problema potencial al 29 de febrero del presente año- podrán mantener su calificación y, por lo tanto, seguirán accediendo a créditos del sistema financiero. Esta fue la base de la propuesta inicial Reprograma Perú.

En Reprograma Perú, la ayuda se focalizaba en los clientes con créditos menores o igual a S/ 5,000 en el caso de los créditos de consumo, S/ 200 mil en el caso de los créditos hipotecarios (quedaban fuera los créditos del programa Mivivienda) y S/ 20 mil en el caso de las MYPE (se debía acreditar no haber sido beneficiadas por algún programa de garantía del Gobierno). En la Ley, aprobada por el Congreso, el monto máximo se elevó a S/ 10,000 para los créditos personales y de consumo, hasta S/ 250,000 para los créditos hipotecarios (primera y única vivienda, quedando también excluidos los créditos del programa Mivivienda); a S/ 50,000 en el caso de créditos vehiculares; y, a S/ 20,000 para los créditos MYPE (quedando también excluidas las empresas que hayan accedido a algún programa con garantía del Gobierno).

Las coberturas que brindará el Gobierno oscilarán entre 40% y 80%, según el cumplimiento del cronograma de pagos, tal como se planteó inicialmente. El Gobierno destinará a este programa un monto de S/ 5,500 millones.

En el caso de la reducción de las tasas de interés, Reprograma Perú otorgaría un aval si la entidad financiera se comprometía a reducir la tasa de interés en 20%. En el caso del Programa de Garantías COVID-19, si un crédito está sujeto a una tasa de interés de hasta 10%, debe reducirse en 15%; si se ubica entre 11% y 30%, se rebaja 20%; y si es mayor a 31%, se reducirá en 25%. En el caso de los créditos hipotecarios, las garantías se otorgarán si la entidad financiera reduce el costo del crédito en al menos 10%.

El nuevo cronograma de pagos tiene un mínimo de seis meses y un máximo de 36 meses. Inicialmente, se propuso un mínimo de seis meses hasta un máximo de 12 meses. La garantía se ejecutará tras 90 días calendario de atrasos de créditos reprogramados.

También, se establece la posibilidad de aplicar un período de congelamiento de 90 días de estos créditos, independiente a lo pactado con anterioridad a la vigencia del Programa, para aquellos deudores que no han podido realizar ningún pago en los últimos tres meses antes de la publicación de la Ley.

Estamos a la espera de la promulgación de la Ley para la puesta en marcha del nuevo programa.

Si bien la economía ya está dando muestras de una recuperación, aún hay un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles anteriores a la pandemia. En el caso del sistema financiero, si bien se ha brindado alivio a un gran número de deudores a través de las reprogramaciones y los programas de garantía del Gobierno, ha sido inevitable que sienta el impacto de la crisis. Recordemos que hace algunas semanas, la agencia calificadora Moody´s ajustó su perspectiva sobre el sistema bancario peruano de estable a negativo, ante las proyecciones de una mayor morosidad y una menor rentabilidad como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria nacional.

Esta propuesta aprobada de manera mayoritaria en el Congreso de la República además de demostrar que el Ejecutivo y el Legislativo pueden trabajar de manera consensuada y coordinada, el Programa de Garantías COVID-19, al preservar la cultura de pago, contribuirá a cautelar la estabilidad del sistema financiero. De esta manera, se asegura que el crédito siga fluyendo al sector productivo y así reactivar gradualmente la economía.



Desea imprimir Boletin

Nuevo programa de reprogramación de deudas: Focalización e incentivos para una ayuda más efectiva, haz click en imprimir