Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la gran cantidad de peruanos que aún no tiene una cuenta bancaria. En los últimos años, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en alianza con otras entidades del estado y del sector privado, ha venido desarrollando una importante labor para incluir cada vez a más personas al sistema financiero, con buenos resultados. Y, este esfuerzo ha sido reconocido por el Microscopio Global[1], publicación anual de The Economist Intelligence Unit, en la que el Perú siempre ha sido destacado como unos de los países de América Latina con el mejor entorno para la inclusión financiera y las microfinanzas.

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que el porcentaje de la población con una cuenta en el sistema financiero se elevó de 33.1% en el año 2015 a 41.3% en el año 2019; y, en el caso de la población con un empleo formal este porcentaje alcanzó a 86% el año pasado.

Pero por el lado de los sectores vulnerables, todavía hay un largo camino por recorrer. Según la Enaho, solo el 20.7% de la población en situación de extrema pobreza tiene una cuenta en el sistema financiero; y, en el caso de los trabajadores informales este porcentaje es de 27.2%.

Y, uno de los primeros pasos se ha dado en este sentido gracias a la estrecha coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la SBS. En el marco de las medidas para hacer frente a la pandemia del Covid-19, se han aprobado iniciativas dirigidas a poner a disposición de la población una mayor oferta de canales para la realización de operaciones financieras, sin necesidad de salir de casa.

Sin embargo, este es un primer esfuerzo frente a la situación de emergencia sanitaria nacional. La situación actual nos plantea el reto de apretar el acelerador en materia de inclusión financiera. Hay toda una labor a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera, que ha establecido como objetivos prioritarios: generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero, contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población, mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado, desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros y fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.

El rol de las microfinanzas

Los avances logrados por el Perú en materia de inclusión financiera se han sustentado, en buena parte, en el marco de la regulación y supervisión prudencial de la SBS, que ha permitido el fortalecimiento de las entidades del sistema financiero, generando con ello instituciones con adecuados niveles de rentabilidad y solvencia. En particular, se ha facilitado el desarrollo de una diversidad de proveedores de servicios financieros, los cuales están sujetos a un esquema de supervisión proporcional al riesgo, favoreciendo de este modo, el desarrollo de las entidades microfinancieras, así como permitir la innovación a través de nuevos canales como los cajeros corresponsales, oficinas compartidas oficinas móviles.

La inclusión financiera y las microfinanzas siempre van de la mano. El rol que juegan las microfinanzas en el proceso de inclusión financiera es primordial, principalmente en el interior del país. Las entidades microfinancieras son empresas de operaciones múltiples especialmente enfocadas en brindar servicios financieros a hogares y empresas de bajos recursos. Por ello, podemos identificarlas como aquellas entidades, cuyos créditos para las micro y pequeñas empresas (MYPE) tienen la mayor participación en su cartera de créditos. Además, contribuyen de manera relevante en la provisión de servicios financieros descentralizados, pues en algunos distritos del país constituyen una oferta única, logrando posicionarse en lugares donde la banca tradicional no lo hace o tiene una presencia mínima, cumpliendo así un rol sumamente importante en el desarrollo económico descentralizado del país.

Pero este esfuerzo de las microfinanzas por incluir a más MYPE y personas al sistema financiero se pondría en riesgo de prosperar algunas iniciativas que promueven las condonaciones y congelamiento de deudas.

Las entidades microfinancieras, a diferencia de los bancos, son intensivas en mano de obra porque operan con una tecnología crediticia basada en el conocimiento personalizado de los clientes y sus necesidades de financiamiento. Estas iniciativas legislativas comprometerían sus ingresos y, por lo tanto, su viabilidad en el tiempo, porque no estarían en capacidad de cubrir sus costos y riesgos.

Con la finalidad de que el país cuente con un sistema financiero sólido y estable, que garantice la protección de los depósitos del público, principal fuente de fondeo de las instituciones financieras, estas deben ser capaces de asegurar su viabilidad en el tiempo. Atender a segmentos de la población con menores ingresos requiere, por parte de las entidades financieras en general, la aplicación de tasas de interés y condiciones que les permitan proveer una oferta crediticia sostenible que contribuya al objetivo nacional de aumentar la inclusión financiera. No podemos perder la oportunidad que se ha presentado, en medio de la crisis, para que más peruanos accedan al sistema financiero.

Contar con un sistema financiero fuerte, bien capitalizado y líquido, con capacidad de proteger el ahorro del público y cumplir con su rol esencial en la reactivación de la economía, el desarrollo económico y la inclusión financiera, se hace más que necesario en estos momentos, debido a la situación por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia del covid-19.