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Retiro del 25% de los fondos de pensiones: Cuando un daño temporal puede convertirse en permanente

Esta iniciativa significa la salida de casi S/38,000 millones (alrededor de 6% del PBI), en un momento nada propicio.

La emergencia sanitaria y pandemia, como consecuencia del Covid-19, están afectando la vida diaria de los peruanos, principalmente a aquellas personas que viven del día a día. En ese contexto, el Poder Ejecutivo ha venido implementando medidas dirigidas a atenuar el fuerte impacto de esta crisis. Así, por ejemplo, rápidamente se diseñó e implementó un Bono de Emergencia para aliviar la situación y mejorar la capacidad de consumo esencial de casi cuatro millones de familias que viven en una situación vulnerable.

Sin duda, otras medidas complementarias serán necesarias para aliviar la situación de estas familias. No obstante, toda medida a favor de estos sectores debe ser diseñada de manera focalizada y responsable, para utilizar de manera eficiente los recursos que son necesarios para el manejo de esta emergencia, destinándolos a los que más los necesitan; y, cuidando de no afectar el funcionamiento de la economía nacional.

Pero, esto último podría suceder con el Proyecto de Ley N° 4937-2020 del Congreso de la República, que busca disponer de hasta el 25% del fondo acumulado en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de los aportantes del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Nadie duda de las buenas intenciones de los congresistas, de querer aliviar la situación de las familias afectadas por la crisis. Sin embargo, se trata de una propuesta que afectará de manera negativa y permanente a la economía, al sistema financiero y, sobre todo, a los mismos afiliados.

Esta iniciativa significa el retiro inmediato de casi S/ 38,000 millones, que equivale alrededor de 6% del PBI, y más aún en un momento nada propicio como consecuencia de la crisis que afecta a la economía global y a los mercados financieros.

Los fondos de pensiones están diseñados para proteger a los afiliados en la etapa de la vejez, y no para ser retirados de manera significativa para propósitos distintos a la jubilación. Una salida masiva de recursos, para atender los retiros de los afiliados, significaría que las AFP tendrán que vender las acciones, los bonos y otros instrumentos financieros, en los cuales se invierten los fondos de pensiones, a precios muy bajos producto de la coyuntura actual de los mercados; realizando la pérdida para los afiliados que decidan retirar. Esto, a su vez, también obligará a las AFP a recomponer sus estrategias de inversión y políticas de inversión en el corto plazo, lo que generará una caída en el valor total del fondo de pensiones, convirtiendo una pérdida temporal en permanente.

Y, no solo pierden los afiliados, también el sistema financiero y la economía. El retiro del 25% de los fondos de pensiones significaría realizar el 9% de los activos líquidos del sistema financiero y 2% de los activos totales. Esto más el retiro de la CTS, implicaría una reducción de 18% de los activos líquidos y 4.1% de los activos totales del sistema financiero. De esta manera, se comprometería la estabilidad y capacidad de financiamiento del sistema financiero, sobre todo de las entidades microfinancieras.

Adicionalmente, en estos momentos, estos recursos, que se hacen más necesarios para reactivar la economía, terminarían financiando gasto corriente de personas que no necesariamente se encuentran en situación vulnerable. En tal sentido, pensando en las personas vulnerables y que también son afiliados al SPP, el Poder Ejecutivo ha anunciado que emitirá un Decreto de Urgencia para que aquellos afiliados, que no han aportado a su fondo de pensiones en los últimos 12 meses de manera consecutiva, puedan retirar hasta S/ 2,000 en dos armadas. Con esta medida, más de 1.5 millones de trabajadores tendrán la posibilidad de retirar más del 50% de su fondo acumulado en su CIC. Esta medida complementa, como una ayuda en el corto plazo, a la suspensión del aporte al fondo de pensiones en el mes de abril y al retiro de hasta S/ 2,400 de la cuenta de la CTS, medidas que proveerán de liquidez a aquellas personas que se encuentran en planilla.

Considerando el impacto que este proyecto de ley tendría sobre el bienestar y futuro de millones de peruanos, resulta necesario evaluar las consecuencias de esta iniciativa de manera técnica. Para ello, se requiere el trabajo conjunto entre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar sus efectos sobre el ahorro, la liquidez y estabilidad del sistema financiero, principalmente en las entidades microfinancieras, que son necesarias para impulsar la reactivación económica que el país requiere después de superada la emergencia sanitaria y la pandemia.



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