Lima, 25 de abril de 2022.- Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), publicó en su página web los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2021 (ENR 2021).
Este estudio, constituye el tercer ejercicio de evaluación de riesgos de lavado de activos a escala nacional que realiza el Perú. La primera evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se realizó contando con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2010, aun cuando para esa época realizar este tipo de evaluaciones no era un requisito establecido en los estándares internaciones del GAFI; como consecuencia el Perú, junto con Uruguay, fueron los primeros países en la región en desarrollar estos estudios, que a su vez, para el caso específico de Perú, conllevó a la emisión del primer Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobado en el año 2011.
La segunda evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se desarrolló en el año 2016, contando con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para esa fecha, las 40 Recomendaciones del GAFI ya contemplaban en su primera recomendación, que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Producto de esta segunda evaluación nacional de riesgos, en 2017 el Perú aprobó la primera Política Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como el segundo Plan Nacional para la lucha contra dichos delitos para el periodo 2018-2021.
Considerando que los fenómenos de financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva presentan un comportamiento distinto al delito de lavado de activos y representan un problema público diferente, la ENR 2021 centra su evaluación en este último delito y recomienda que, para los otros dos casos, se desarrolle una evaluación de riesgos que aborde ambos delitos de forma exclusiva.
La ENR 2021 identifica y valora 23 amenazas y 66 vulnerabilidades que afectan la lucha contra el lavado de activos en el Perú. El resultado de dicha valoración indica que las principales amenazas para el lavado de activos en el Perú son: la minería ilegal, los delitos contra la administración pública, el tráfico ilícito de drogas, los delitos tributarios y los delitos contra el patrimonio. De la misma manera, las principales vulnerabilidades son: la falta de concientización social sobre las consecuencias del lavado de activos, la existencia de corrupción en los operadores de justicia y la existencia de condiciones que facilitan la corrupción pública, entre ellas la tolerancia. Adicionalmente, el estudio identifica amenazas emergentes ocasionadas por la pandemia por COVID-19, los ciberdelitos y el uso de activos virtuales.
A su vez, a fin de mitigar los principales riesgos identificados, la ENR 2021 recomienda implementar algunas acciones sobre el marco legal vigente; acciones relacionadas con la dotación de recursos, herramientas y fortalecimiento de capacidades; acciones relacionadas a la aplicación del enfoque basado en riesgos; y, acciones para lograr la concientización en los riesgos del lavado de activos.
Los resultados de la ENR 2021, constituyen el principal insumo para el desarrollo de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos del Perú, considerando que las acciones específicas que dicha política incluya, estarán enfocadas en la mitigación de los principales riesgos identificados en la ENR 2021. En este contexto, nuestro país se verá en una mejor posición para demostrar el nivel de cumplimiento de los estándares internacionales emitidos por el GAFI. Asimismo, la ENR es una herramienta sumamente relevante para los sujetos obligados, ya que es el marco de referencia para que todos los sectores implementen sus sistemas de prevención del lavado de activos con un enfoque basado en riesgos.
Adicionalmente, es importante señalar que la UIF tiene previsto para el mes de junio dar inicio al proceso de evaluación nacional de riesgos del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual se contará con la asistencia técnica brindada por GIZ.
La ENR 2021 es el resultado de un proceso participativo y colaborativo, liderado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF/SBS), en el que participaron representantes de 51 entidades del sector público, 3,203 sujetos obligados a informar a la UIF, 11 gremios de diversos sectores económicos, 3 colegios profesionales, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Asimismo, se contó con el apoyo operativo de la Cooperación Alemana en el Perú implementada a través de GIZ, durante la etapa inicial del proceso de carga de cuestionarios y procesamiento de las repuestas a los mismos, así como en la etapa de edición y diagramación de los documentos finales para su publicación.
El referido estudio se desarrolló utilizando como referencia la metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), y sus resultados se sustentan en diversas fuentes de información estadística a la que tiene acceso la UIF; así como en la información obtenida a lo largo de todo el proceso, mediante la absolución de cuestionarios y el desarrollo de entrevistas con los principales actores del sistema de lucha contra el lavado de activos en el país.
El informe completo lo podrán encontrar en el siguiente enlace.