En el año 2012, el Gobierno peruano tomó la decisión de presentar una solicitud de incorporación de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A partir de esta iniciativa, el Gobierno peruano -a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Relaciones y Exteriores, entre otras entidades del Poder Ejecutivo- y la OCDE elaboraron el Programa País, como un instrumento dirigido a mejorar las políticas públicas y los servicios que se brindan a los ciudadanos, con el fin de adecuarlos a los estándares de los estados miembros de la OCDE.
El Programa País se ha enfocado en cinco ámbitos claves, entre ellos, la gobernanza pública y las políticas de anticorrupción e integridad en el sector público. Este trabajo le permitió al país participar en diversos órganos temáticos de la OCDE, beneficiándose así de las experiencias de los países miembros y sus buenas prácticas en estos ámbitos claves.
En ese contexto, se publicó el Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú (2017)[1], el cual brinda un conjunto de recomendaciones concretas para reforzar un sistema de integridad coherente e integral a nivel nacional. Asimismo, el estudio se centró en las políticas y prácticas relacionadas con la promoción de la ética pública y gestión de los conflictos de intereses, el lobby, la protección a denunciantes, el control interno y la gestión de riesgos, así como en el régimen disciplinario, la financiación política y la función del sistema de justicia penal para combatir la corrupción.
Los tres pilares de la integridad en el sector público

Fuente: Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública
Con el fin de implementar las recomendaciones emitidas por OCDE y cerrar las brechas identificadas, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en 2017 y, posteriormente, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en 2018, en el cual, a efectos de facilitar, a las instituciones de la administración pública, la implementación de una estructura de prevención de la corrupción, se planteó un Modelo de Integridad del Sector Público para el sector público. El desarrollo de este modelo, para promover la integridad y luchar contra la corrupción, se sustenta en estándares internacionales y buenas prácticas[2] planteadas desde la cooperación internacional.
Modelo de Integridad del Sector Público – componentes y acciones principales

Fuente: Directiva N° 002-2021-PCM/SIP
Entre los nueve componentes que se definen en el Modelo de Integridad del Sector Público, es importante destacar cuáles han sido las principales acciones que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha venido desarrollando y promoviendo con el objetivo de fortalecer una cultura de integridad en la institución, más aún como organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Componente 1: compromiso de la Alta Dirección
La SBS ha incorporado en su planeamiento estratégico, como línea de acción, el fortalecimiento del Modelo de Integridad del Sector Público. Asimismo, dentro del planeamiento operativo se han incorporado proyectos relacionados a la ejecución de acciones vinculadas a los componentes de este modelo.
Componente 2: gestión de riesgos
La SBS ha priorizado aplicar la gestión de riesgos en sus procesos de gestión de talento, administración de recursos y servicios institucionales, buscando identificar, evaluar y mitigar aquellos riesgos que pudieran afectar su integridad, valores o principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública, cuya materialización limiten el cumplimiento de su misión y mandatos, o afecten los servicios que se brinda a la ciudadanía.
Componente 3: políticas de integridad
La SBS viene promoviendo la aprobación de políticas de integridad, entendidas como estándares de comportamiento y de cumplimiento para los trabajadores de la administración pública; por ejemplo, la formulación de un Manual de Conducta, lineamientos para la prevención y gestión de conflictos de intereses, acciones de diligencia debida con terceros, disposiciones para asegurar la meritocracia y contratación de personal idóneo en la entidad, entre otros. Asimismo, realiza el seguimiento a la presentación de declaraciones juradas (de intereses, de bien y rentas, u otra, según aplique) a la Contraloría General de la República (CGR) que presentan los sujetos obligados, de acuerdo con la normativa vigente.
Componente 4: transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas
Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la SBS ha venido monitoreando la actualización permanente y oportuna del Portal de Transparencia Estándar (PTE), así como la atención de las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos.
Componente 5: control interno, externo y auditoría
La SBS viene cumpliendo de forma oportuna la presentación de los entregables requeridos por la CGR para la implementación de un Sistema de Control Interno, en el marco de lo establecido por la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG.
Componente 6: comunicación y capacitación
En la SBS, se difunde y sensibiliza, a todo el personal, sobre la importancia del cumplimiento del Código de Ética de la institución, el Reglamento Interno de Trabajo y los valores institucionales. En cuanto a comunicación, tanto de manera interna como externa, se han habilitado secciones con información sobre los avances en materia de integridad institucional en la intranet y el portal institucional.
Componente 7: canal de denuncias
La SBS cuenta con diversos canales para presentar denuncias por actos de corrupción de manera interna, a través de un buzón de correo electrónico; y ha implementado la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (https://denuncias.servicios.gob.pe/), la cual constituye una plataforma transversal de uso obligatorio para las instituciones de la administración pública.
Componente 8: supervisión y monitoreo
Bajo este componente, la Oficina de Integridad Institucional desarrolla las acciones pertinentes para conocer la implementación del Modelo de Integridad, con el fin de adoptar medidas correctivas, en caso de ser necesario. Los resultados de la evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad se pueden ubicar en el Reporte Nacional de Integridad (https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/)
Componente 9: responsable del modelo
La SBS cuenta con el Departamento de Gestión de Riesgos Internos (DGRI), la cual hace sus veces de Oficina de Integridad Institucional, y tiene a cargo, como segunda línea, monitorear y supervisar el cumplimiento de las actividades y componentes del Modelo de Integridad del Sector Público en la institución e informar a la Alta Dirección; promover actividades de capacitación, difusión y promoción de la integridad; y articular esfuerzos para elevar el estándar de integridad en la institución.
El compromiso de la Alta Dirección, con la implementación y el buen funcionamiento del Modelo de Integridad del Sector Público, es fundamental y se ha venido impulsando desde hace muchos años, lo cual ha permitido que la SBS sea reconocida como una institución altamente técnica y transparente y con funcionarios públicos competentes, íntegros en su actuar, con vocación de servicio y alineados con los valores institucionales.
La SBS considera que los gobiernos deben continuar promoviendo el Modelo de Integridad del Sector Público no solo con el objetivo de consolidar al Perú como un estado democrático que promueve una economía abierta atractiva a la inversión extranjera, sino también para generar confianza en los ciudadanos en sus instituciones, asegurando que las decisiones que estas tomen siempre prioricen y velen por el interés general, sobre cualquier interés particular.
[2] Particularmente se han tomado como insumos para el desarrollo del Modelo de Integridad los documentos: Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre integridad pública, High Level Principles on Organizing Against Corruption del G-20 Leaders Declaration y la ISO 37001. Sistemas de gestión antisoborno.