Durante el periodo mayo 2016 - junio de 2019, más de 250 mil personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones (SPP) han optado por retirar hasta el 95.5% de su Cuenta Individual de Capitalización[1]  (CIC), como una alternativa de beneficio para la jubilación; lo que ha determinado un cambio de las preferencias por una pensión de jubilación propiamente dicha. Para visualizar el impacto de este comportamiento, en el gráfico N°1 se aprecia que el número de nuevos pensionistas pasó de ser 12,109 en el año 2015 a 1,083 en el año 2018. Al ritmo que va en el presente año, se espera que no alcance los 1,000 nuevos pensionistas.

Aunque es prematuro evaluar el impacto de estas decisiones, se han desarrollado iniciativas para conocer el destino y las consecuencias del retiro de los recursos del ahorro de largo plazo. La encuesta “Estudio Nacional de Dependencia Económica de Adultos Mayores” [2] nos muestra los principales factores que motivan a los afiliados a retirar la totalidad de su fondo de pensiones: invertir en un negocio (35%), ahorrar a plazo fijo (24%), pagar otras deudas (19%), pagar gastos de salud (7%), pagar gastos de educación de sus familiares (6%), entre otros aspectos, tal como se observa en el gráfico N°2.

Independientemente de si estas alternativas tienen la capacidad o no de generar un flujo de ingresos permanente, este grupo poblacional de jubilados enfrenta un conjunto de gastos mensuales que inexorablemente se debe cubrir. Así, la encuesta también nos indica que los gastos mensuales que debe enfrentar un adulto mayor que ha retirado el 95.5% de su ahorro previsional se refieren básicamente a alimentos y vivienda (ver gráfico N°3). Esta canasta de consumo es similar, sobre todo en la importancia de los alimentos y el mantenimiento del hogar, a la canasta de los que son actualmente adultos mayores.[3]  

Si la canasta de consumo del adulto mayor está relativamente definida, y requiere de atención periódica y permanente, lo lógico es que los afiliados al SPP al momento de jubilarse opten por una renta vitalicia. En efecto, según la teoría de las anualidades, de las cuales Yaari (1965) [4] incorporó el riesgo de longevidad en el análisis del bienestar de una persona que inicia la etapa de jubilación, racionalmente un trabajador debe elegir una pensión o renta vitalicia para protegerse contra la vejez ya que no sabe hasta cuando va a vivir.

No obstante, observamos que aproximadamente el 95% de los afiliados que cumplen con los requisitos para jubilarse (por edad legal o anticipadamente), elige retirar el máximo posible de los recursos ahorrados en su fondo de pensiones. Para encontrar una explicación a este hecho, la literatura académica internacional, fundamentalmente la referida a la economía del comportamiento, intenta dar las siguientes razones:

• De acuerdo con Benartzi, Previtero, y Thaler (2011), un elemento presente en nuestro comportamiento es la aversión a la pérdida[5]. Ello hace que un trabajador a punto de jubilarse sienta que es muy riesgoso entregar todo su ahorro previsional a una compañía de seguros. Es decir, dependiendo de cómo sea ofrecida esta renta, el hecho de comprar una renta vitalicia puede ser percibida como un costo, más que como una inversión o como una protección ante la vejez.
• La “Contabilidad mental”, concepto popularizado por el Premio Nobel Richard Thaler[6], indica que las personas "mentalmente" dividen su dinero en una "cuenta nueva de dinero" y una "cuenta antigua de dinero”. El dinero antiguo es el ahorro previsional ya acumulado, mientras que el dinero nuevo se refiere a cantidades que aún no ha comprometido. Las personas parecen estar más dispuestas a diferenciar la asignación de dinero nuevo comparado con el dinero antiguo. Esto se debe a que a las personas les preocupa arrepentirse de reasignar dinero antiguo, el cual podría no cumplir con sus expectativas.
• La inconsistencia intertemporal[7] es otro de los factores que explica este comportamiento. Las personas que optan por retirar el monto acumulado durante su vida laboral activa (suma alzada), subvaloran la ventaja de protegerse contra la vejez, debido a que temen morir en los próximos años y prefieren disponer del dinero. Esta combinación de pesimismo en cuanto a su esperanza de vida, es contraria con el optimismo respecto a la administración de sus recursos para solventar el presupuesto mensual del hogar.
• Adicionalmente, la literatura indica[8] que quienes tienen un mayor saldo, tienden a ser más cautos al momento de gastar sus recursos jubilatorios; observándose así un consumo moderado de estos recursos. En nuestro caso, para quienes no lograron ahorrar de manera permanente por algún motivo, el retiro de sus recursos a suma alzada no tiene una perspectiva promisoria, y muy probablemente este grupo consuma el ahorro pensionario en un periodo reducido de años.
• Otro aspecto interesante es que si bien elegir la edad de retiro es un problema complejo, el momento para jubilarse usualmente se adelanta cuando se tiene la posibilidad de retirar los recursos a suma alzada. Idealmente, este proceso requiere calcular el presupuesto mensual y los recursos necesarios para cubrir dichos gastos durante la longevidad. Sin embargo, la posibilidad de retirar los recursos es tentadora. En nuestro caso, la experiencia de la Jubilación Anticipada va en línea con lo observado en otros países. La edad de jubilación bajó de 65 a 59.5 años de edad en los últimos diez años.

De esta manera, se evidencia que, a largo plazo, el mayor riesgo del retiro a suma alzada es que los afiliados que eligen esta opción orienten sus recursos a fines distintos a cubrir los gastos en la vejez, con lo cual se puede elevar el riesgo de pobreza en dicha etapa. Asimismo, los beneficiarios bajo esta modalidad enfrentan el riesgo de agotar sus recursos, quedando desprotegidos. Frente a ello, el reto para proteger a la sociedad del riesgo de longevidad y pobreza, es diseñar e implementar mecanismos o alternativas para tener una adecuada protección social para la vejez. Así, como la economía del comportamiento ofrece explicaciones sobre las decisiones de las personas, también ofrece posibles soluciones para contribuir a este reto: flexibilidad de acceso a los recursos en los años iniciales, con protección diferida a mediano plazo (seguro de longevidad). En este sentido, el Consejo de Reforma – en el cual participa la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)- se alista a evaluar y debatir diversas propuestas, en el marco de una reforma del sistema pensionario peruano, cuyo objetivo debe apuntar a  asegurar el bienestar de los futuros jubilados del país.

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1 Medida aprobada por Ley N° 30425 (abril de 2016) y sus modificatorias, Ley N° 30478 (junio de 2016).

2 Elaborada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2017). Envejecimiento de la población peruana: Enfrentando el desafío; Boletín Semanal N° 31 (agosto 2018).

3 Este resultado es consistente con los hallazgos obtenidos por Cruz, M; Seminario, B; Leiva, F; Moreno, C; Zegarra, M. (2018). El porvenir de la vejez: Demografía, empleo y ahorro. Fondo Editorial Universidad del Pacífico, Lima - Perú.

4 Yaari, M. (1965). Uncertain Lifetime, Life Insurance, and the Theory of the Consumer. Review of Economic Studies, 32(2), pp. 137–150

5 La aversión a la pérdida fue desarrollada por Kahneman y Tversky; ganadores del Premio Nobel por sus contribuciones con la Teoría de la Utilidad Prospectiva.

6  Thaler, R. H. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science, Vol. 4, N° 3, Summer 1985, pp. 199-214.

7 Este concepto fue desarrollado por Laibson D. (1998). Life-cycle consumption and hyperbolic discount functions. European Economic Review 42, pp. 861-871.

8 Benartzi, S; Previtero, A; Thaler, R. H. (2011). Annuitization Puzzles. Journal of Economic Perspectives, Vol. 25, N° 4, Fall 2011 pp. 143-164